Aunque el experimento en El Salvador con la adopción del bitcoin no marchó como se esperaba, las criptomonedas continúan atrayendo la atención en Centroamérica y ahora Panamá regresa, por segunda vez consecutiva, al debate para regular el uso de estos activos.
El documento entregado a la Asamblea Legislativa panameña por el diputado suplente Gabriel Solís pretende regular el uso, la comercialización y la supervisión de las criptomonedas, que hasta ahora se han utilizado bajo el riesgo de los usuarios.
La propuesta pretende la creación de un entorno seguro y transparente para el uso de las criptomonedas, no solo bitcoin como se decantó El Salvador en 2021 cuando se convirtió en el primer país a nivel mundial en adoptarlo. Con esto se colocará a Panamá como un “referente” en América Latina, dijo el diputado suplente cuando entregó el proyecto en abril pasado.
Dicho proyecto pone la creación de un Consejo Nacional de Activos Digitales, el cual tendrá la obligación de formular las políticas de regulación de criptoactivos y su integración en el sistema financiero.
Casi siguiendo los pasos de su vecino El Salvador, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en 2022 un proyecto que regulaba la comercialización y el uso de los criptoactivos, pero el expresidente Laurentino Cortizo vetó parcialmente el documento porque consideró en ese momento que no estaba acorde al sistema financiero y monetario.
Panamá, una de las economías más pujantes en Centroamérica, es uno de los destinos más atractivos para invertir tanto por la “flexibilidad” regulatoria como por ser un centro de conexiones con el canal y el aeropuerto más grande de la región.
Pese al vacío de una ley que controle el mercado, Mayer Mizrachi, alcalde de la Ciudad de Panamá, anunció en abril pasado que el concejo municipal aprobó la suscripción de un convenio con Towerbank para habilitar pagos de impuestos y servicios en criptomonedas.
Sin embargo, no todos parecen del todo satisfechos. Recientemente el empresario canadiense y bitcoiner John McBride anunció un paquete de inversión de $10 millones en El Salvador con la instalación de cuatro empresas en los rubros de criptomonedas y logística. McBride contó a la prensa local que primero llegó a Panamá, pero “no se sentía como en casa” y se mudó a El Salvador.
Presionado por los problemas de caja fiscal, la Administración de Nayib Bukele firmó en febrero pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones que establece, entre otras cosas, la reducción al mínimo en la participación del gobierno en el mercado de criptomoactivos, así como la compra de bitcoin con fondos públicos y la venta de un monedero que lanzó en septiembre de 2021 para impulsar la adopción.
Para algunos bitcoiners, el gobierno de Bukele dio su brazo a torcer, pero mantiene compras de bitcoins casi a diario a través de una oficina dependiente de Casa Presidencial, la cual acumula una reserva de 6,181 bitcoins, que al precio actual está valorada en $646.02 millones.
El precio del bitcoin se cotiza a las 9:30 a.m. del 19 de mayo en $104,518, muy cerca de volver a romper el récord histórico de $108,000 del 20 de enero.
