El aumento de los precios internacionales del petróleo provocado por el conflicto con Irán comenzó a generar presiones fiscales y económicas en varios países de Centroamérica, donde los gobiernos aplican estrategias distintas para enfrentar el impacto sobre consumidores, inflación y cuentas estatales.
La agencia Fitch Ratings señaló en un informe divulgado este miércoles que algunos países de América Latina trasladaron casi por completo el incremento de los combustibles a los consumidores, mientras otros mantienen subsidios o congelamientos parciales para contener el impacto económico y social.
En Centroamérica, Guatemala y Panamá permitieron parcialmente el traslado del aumento de precios, aunque aplicaron subsidios focalizados para reducir el efecto en algunos sectores de la población. Nicaragua, en cambio, figura entre los países que mantienen los precios prácticamente congelados, asumiendo un costo fiscal considerable.
Fitch explicó que los países que trasladaron más rápidamente el incremento de precios enfrentan mayores presiones inflacionarias, lo que podría afectar el consumo durante 2026. Sin embargo, la calificadora sostuvo que varias economías latinoamericanas llegan a esta crisis con mejores condiciones macroeconómicas y bancos centrales con mayor credibilidad para controlar la inflación sin recurrir a fuertes ajustes monetarios.
La agencia también advirtió que los países que decidieron subsidiar combustibles deberán asumir costos fiscales importantes. En el caso de productores de petróleo, el impacto puede compensarse parcialmente con mayores ingresos petroleros, pero los países importadores netos de energía enfrentan mayores riesgos fiscales.
Dentro de la región, República Dominicana aparece entre las economías más vulnerables debido a su alta dependencia petrolera y al fuerte gasto destinado a subsidios. Fitch revisó la perspectiva de la calificación soberana dominicana de positiva a estable por las dificultades que enfrenta el país para equilibrar inflación, crecimiento económico y subsidios energéticos.
El informe también menciona el caso de Bolivia, donde el incremento del petróleo internacional elevó la presión sobre las finanzas públicas y aumentó las tensiones sociales, complicando el panorama económico tras la mejora de calificación que recibió en enero pasado.
Fitch consideró que, pese al impacto económico del choque petrolero internacional, las consecuencias sobre las calificaciones soberanas de América Latina serían limitadas en la mayoría de países, aunque advirtió que las decisiones fiscales y energéticas seguirán siendo clave en los próximos meses.
La crisis energética internacional ocurre en medio de un contexto global marcado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y persistentes presiones inflacionarias, factores que continúan afectando especialmente a las economías dependientes de importaciones de combustibles, como las centroamericanas.
