El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) declaró como infructuosa una licitación para acondicionar nuevos patios en el Puerto Caldera, en Costa Rica, ante la llegada del ferri procedente de El Salvador.
La licitación fue declarada “infructuosa debido a que no se recibieron ofertas según lo requerido en los términos de referencia”, declaró el BCIE al diario La Nación. La institución adelantó que en dos semanas se volverá a lanzar un nuevo concurso.
El BCIE aprobó en agosto de 2023 una cooperación no reembolsable de $1 millón para mejorar las condiciones de la zona portuaria reservada en Puerto Caldera para el atrancamiento del ferri El Salvador, un proyecto fallecido que solo operó cuatro meses debido a la poca demanda en el traslado de mercancías.
Según la ficha técnica del BCIE, la cooperación está destinada al acondicionamiento del patio de almacenamiento de carga, la habilitación de un carril de carretera adicional de 500 metros sobre Ruta 23 y la construcción de un ingreso independiente al centro de operaciones de Guardacostas. Además se contemplan dos puentes.
Inicialmente, la licitación debía concluir el 12 de diciembre de 2023, pero las empresas interesadas pidieron una prórroga para que se extendiera al 16 de enero de 2024. De acuerdo con los términos de referencia, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte es el ejecutor para que el puerto costarricense tuviera la “infraestructura mínima necesaria” para la operación del ferri.
¿Qué problemas tuvo el ferri?
Básicamente nunca operó a su máxima capacidad, que era de 100 vehículos más su cabezal. Al menos necesitaba 60 contenedores en cada trayecto para que fuera rentable, pero en cuatro meses de operaciones apenas hubo 14 viajes.
En diciembre de 2023, se confirmó que la empresa panameña Blue Wave decidió sacar el buque destinado para el servicio, e incluso lo cruzaron al Pacífico a través del Canal de Panamá. La corta operación fue catalogada como “una pesadilla” por Marinsa, parte del consorcio ILG Logistics, que asumió la representación legal de Blue Wave en Costa Rica.
También se enfrentó al rechazo del sector de carga terrestre, que se negaba a incorporarse al proyecto. Además, los empresarios de El Salvador aseguraban que el costo era muy alto, ya que debían pagar un flete para movilizar el contenedor al Puerto de La Unión, después el traslado a Caldera y luego hacia la fábrica de destino final.
