En una maratónica sesión donde no hubo una sola palabra de apoyo a la dictadura de Nicaragua, la sesión extraordinardia de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cerró sin el principal objetivo de Estados Unidos: crear un bloque de freno a los abusos dictatoriales en el país centroamericano.
La OEA no logró este miércoles avanzar hacia una respuesta regional contundente frente al intento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de institucionalizar su permanencia indefinida en el poder en Nicaragua.
El encuentro había sido planteado como un primer paso para activar mecanismos políticos y diplomáticos del sistema interamericano ante lo que varios gobiernos calificaron como una amenaza directa contra la democracia regional.
La propuesta presentada buscaba condenar “de manera inequívoca” las declaraciones de Ortega y convocar a los cancilleres del hemisferio para examinar la situación nicaragüense.
Sin embargo, las diferencias entre los países miembros quedaron expuestas durante la jornada.
Mientras una amplia mayoría de delegaciones denunció el deterioro democrático en Nicaragua y pidió acciones urgentes, México y Brasil defendieron una postura basada en el principio de no intervención y rechazaron avanzar hacia una respuesta considerada más confrontativa.
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Justicia queda en manos de EE UU
La delegación estadounidense abrió el debate con un mensaje de presión directa contra Managua.
Michael Kozak, representante de Estados Unidos ante la OEA y funcionario de larga trayectoria del Departamento de Estado, afirmó que “ya se ha acabado el momento de hablar” y que era necesario pasar a medidas colectivas frente a la crisis nicaragüense.
“¿Cuánto tiempo más tiene que sufrir el pueblo de Nicaragua?”, cuestionó Kozak, al advertir que la situación del país centroamericano representa una amenaza para la estabilidad hemisférica.
Washington buscaba que la OEA enviara una señal política clara ante el anuncio de Ortega de eliminar los procesos electorales competitivos y abrir paso a un modelo de poder permanente para la familia gobernante.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, presentó ante el Consejo Permanente un diagnóstico crítico sobre la realidad nicaragüense.
Rosa María Payá, relatora para Nicaragua, señaló que uno de cada nueve nicaragüenses ha abandonado el país, una cifra que supera incluso los registros migratorios de décadas anteriores.
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Una amenaza contra la democracia regional
Durante la sesión, varios gobiernos coincidieron en que las decisiones del régimen Ortega-Murillo trascienden las fronteras de Nicaragua y afectan los principios democráticos establecidos en la Carta de la OEA.
Chile afirmó que el continente no puede permanecer indiferente ante los intentos de establecer “dinastías autoritarias” y respaldó la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis.
Argentina calificó la situación nicaragüense como una de las más graves de la región y condenó cualquier intento que perjudique la democracia y las libertades fundamentales.
Uruguay sostuvo que las declaraciones de Ortega son incompatibles con los principios democráticos y afectan seriamente la gobernabilidad, mientras Canadá insistió en la necesidad de defender elecciones libres y la participación política de todos los nicaragüenses.
Costa Rica reiteró que continuará abogando por elecciones libres, transparentes y plurales en Nicaragua, y expresó preocupación por la presencia de fuerzas extranjeras en territorio nicaragüense.
Panamá advirtió que la OEA no puede permanecer indiferente y recordó que la Carta Democrática Interamericana sigue siendo el principal instrumento regional para defender la democracia representativa.
La Unión Europea, en calidad de observadora, también condenó la represión sistemática de derechos humanos en Nicaragua y pidió al régimen realizar elecciones justas y transparentes.
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México y Brasil frenan acciones contra dictadura
El principal obstáculo para una resolución más firme surgió desde México y Brasil, 2 de los países con mayor peso político dentro del continente.
La representación mexicana expresó preocupación por las declaraciones de Ortega y reconoció que la eliminación de elecciones periódicas significaría la supresión del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes.
Sin embargo, mantuvo su tradicional postura de defensa “de la autodeterminación de los pueblos”.
Brasil fue más explícito en su rechazo a una acción de mayor presión.
La delegación brasileña sostuvo que la OEA debe desempeñar un papel constructivo y evitar posiciones que profundicen el aislamiento de Nicaragua.
Además, consideró incorrecto abordar el caso como un asunto de seguridad y afirmó que se trata de una crisis política con graves repercusiones en derechos humanos.
La posición conjunta de ambos países impidió que la organización hemisférica alcanzara el consenso necesario para avanzar hacia una reunión extraordinaria de cancilleres.
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Declaraciones sin consecuencias inmediatas
El resultado dejó a la OEA dividida frente a uno de los desafíos democráticos más graves de América Latina.
Aunque numerosos países expresaron rechazo al proyecto político de Ortega y Murillo, la falta de acuerdo evitó que el organismo adoptara una medida diplomática de mayor alcance.
La sesión evidenció una fractura entre quienes consideran que Nicaragua enfrenta un proceso de consolidación de una dictadura familiar que requiere una respuesta regional coordinada, y quienes sostienen que cualquier acción internacional debe limitarse por el principio de soberanía estatal.
La OEA, por ahora, quedó limitada a una declaración política de preocupación, sin alcanzar el mecanismo de presión que Estados Unidos y otros gobiernos buscaban activar.
