Representantes de organizaciones de derechos humanos y personas exiliadas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua denunciaron el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la persecución política, la criminalización y el debilitamiento de las instituciones democráticas continúan obligando a periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y otras voces críticas a abandonar sus países.
Las denuncias fueron presentadas durante una audiencia temática del 196 período de sesiones de la CIDH, en la que los participantes solicitaron que se promuevan condiciones para un retorno voluntario, seguro y digno de las personas exiliadas, además de garantizar acceso a la justicia, reunificación familiar, restitución de derechos y reparación integral.
La CIDH expresó su solidaridad con quienes han tenido que abandonar sus países y recordó que recientemente advirtió sobre la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y el incremento de la represión transnacional. Asimismo, instó a cesar las acciones contra las voces críticas y destacó la responsabilidad de los Estados de tránsito y acogida de brindar protección y apoyo para que periodistas y otras personas exiliadas puedan continuar su labor.
Durante la audiencia, la exinvestigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Flor de María Gálvez Álvarez, afirmó que el exilio se convirtió en una estrategia de supervivencia para numerosos operadores de justicia desde 2018.
“Abandonar el país no es una decisión libre ni una oportunidad de migración, es una estrategia de supervivencia frente a los riesgos reales para la libertad, la integridad, en algunos caso la vida”, manifestó.
El exinvestigador de la CICIG David Gaitán sostuvo que el exilio también provoca pérdidas económicas, patrimoniales y profesionales, además de afectar el acceso a la justicia.
“También existe un daño colectivo, la salida de fiscales, jueces, abogados, abogadas, periodistas, académicos y personas defensoras, debilita las capacidades del país, las investigaciones se paralizan y se reduce el acceso de las víctimas a la justicia”, señaló.
En representación de organizaciones de El Salvador y Honduras, Gabriela Mundo, de la Fundación para el Debido Proceso, afirmó que el exilio forzado responde al deterioro de las garantías democráticas y al cierre del espacio cívico. Sobre El Salvador, aseguró que el fenómeno ocurre en un contexto de concentración del poder, debilitamiento institucional y prolongación del régimen de excepción. Además, indicó que 245 personas críticas del Gobierno sufrieron persecución judicial, hostigamiento y otras represalias entre 2019 y 2025, mientras que más de 130 periodistas y personas defensoras se han visto obligados a salir del país.
Respecto a Honduras, Mundo denunció que el uso de mecanismos institucionales, como los juicios políticos contra autoridades judiciales y electorales, ha debilitado la independencia de las instituciones y generado incertidumbre sobre futuros procesos democráticos. Según explicó, estas acciones comprometen los derechos políticos y las garantías constitucionales.
En el caso de Nicaragua, Yubelka Mendoza afirmó que la crisis iniciada en 2018 continúa profundizándose y denunció la existencia de una persecución que trasciende las fronteras del país. Indicó que más de 830,000 nicaragüensesabandonaron el país entre abril de 2018 y diciembre de 2024, equivalente al 13 % de la población, y aseguró que más de 300 periodistas han sido forzados al exilio. “En la actualidad ningún medio opera en el país, todos fueron forzados al exilio”, expresó.
Mendoza también citó un informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que documentó una red de vigilancia atribuida a actores estatales y afines al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Bélgica y España, lo que, según afirmó, evidencia la expansión de la represión transnacional.
Al cierre de la audiencia, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, pidió a la CIDH reconocer el exilio forzado como una consecuencia directa del cierre del espacio cívico y de la persecución contra quienes ejercen funciones de interés público. Además, solicitó que el organismo inste a los Estados a eliminar las causas que originan el exilio y a garantizar que el retorno de las personas desplazadas sea voluntario, seguro, digno y sostenible.
