Honduras inicia una de las revisiones internacionales más importantes para su sistema financiero al someterse a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un proceso que no enfrentaba desde hace una década y que será clave para medir la efectividad de su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La evaluación tendrá un impacto que va más allá del ámbito judicial. Sus resultados influirán en la confianza de los inversionistas, las relaciones con bancos internacionales y el riesgo de que Honduras sea incluida en la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una clasificación que puede dificultar las operaciones financieras y aumentar los costos para el país.
Durante la revisión, expertos internacionales verificarán no solo si Honduras cuenta con leyes adecuadas, sino también si las aplica de forma efectiva para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. El análisis se basará en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, consideradas el estándar global en esta materia.
Proceso de múltiples instituciones
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que la evaluación involucrará a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos reguladores, ya que el objetivo es medir el funcionamiento real del sistema y los resultados obtenidos, más allá de la existencia de un marco normativo.
La revisión también servirá para comprobar si el país corrigió las deficiencias señaladas en la evaluación de 2015. En ese proceso, Gafilat identificó 10 recomendaciones incumplidas, relacionadas principalmente con vacíos en el marco legal, la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas y la limitada efectividad para investigar y sancionar delitos financieros.
Las autoridades hondureñas sostienen que en los últimos años se han implementado reformas para fortalecer el sistema de prevención y control del lavado de activos. El resultado de esta evaluación será determinante para demostrar esos avances y mantener a Honduras alineada con los estándares internacionales que rigen la integridad del sistema financiero mundial.
