La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo marcó este martes un paso clave para el fortalecimiento de los controles financieros en Guatemala. El Congreso de la República dio luz verde a la normativa en medio de esfuerzos para evitar que el país sea incluido en la llamada lista gris del sistema financiero internacional.
El presidente Bernardo Arévalo aplaudió la aprobación.
La nueva legislación busca actualizar el marco jurídico guatemalteco y alinearlo con estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, incorpora disposiciones acordes con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que establece lineamientos globales para combatir estos delitos.
Trabajo técnico permitió alcanzar consensos
La iniciativa fue resultado de varias mesas técnicas integradas por jefes de bloque legislativo, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, autoridades de la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial y representantes del sistema bancario.
Según los promotores de la propuesta, estas reuniones permitieron consensuar cambios planteados por distintas bancadas. En total, el análisis se concentró en ocho enmiendas presentadas el 12 de mayo.
Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial consideraron viables las modificaciones realizadas a los artículos 2, 25, 52, 83 y 111.
Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 3, 2026
Nuevas facultades y ajustes legales
Entre los cambios aprobados, el artículo 52 amplía las funciones de la Intendencia de Verificación Especial en materia de capacitación. También le permite elaborar guías para que las personas y entidades obligadas comprendan mejor sus responsabilidades.
Por otra parte, el artículo 83 regula las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos de lavado de dinero no consumados. La disposición establece sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena prevista para el delito.
Asimismo, el artículo 111 modifica normas del Código de Notariado y limita ciertos derechos y obligaciones a aspectos vinculados directamente con la legislación antilavado y su reglamento.
Sector empresarial y Gobierno reaccionan a la decisión
Tras la aprobación, organizaciones empresariales expresaron su respaldo a la nueva normativa. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reconoció la decisión del Congreso. De igual forma, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) destacó el trabajo legislativo que permitió concretar la ley.
El sector empresarial organizado reconoce la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de la República, una decisión trascendental para fortalecer la institucionalidad del país, proteger la… pic.twitter.com/E4J8io6tIg
— CACIF (@CACIFGuatemala) June 3, 2026
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también celebró la aprobación. A través de un mensaje público, afirmó que la medida fortalece la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, al atacar las estructuras financieras que respaldan estas actividades ilícitas.
La nueva ley se suma a los esfuerzos del país para reforzar la transparencia financiera y mantener la confianza de los organismos internacionales y los mercados
