La dictadura de Nicaragua profundizó su modelo de concentración del poder con una nueva modificación constitucional que amplía la duración de cada período presidencial y limita aún más la alternancia política.
Daniel Ortega acumula 19 años consecutivos en el poder desde su regreso a la Presidencia en 2007. Es el segundo gobernante con mayor permanencia en América Latina durante el último medio siglo, solo detrás de Fidel Castro en Cuba.
La reforma extendió los mandatos de cinco a siete años, una duración que supera los períodos presidenciales vigentes en el resto del continente. La mayoría de los países latinoamericanos celebra elecciones cada cuatro, cinco o seis años.
México y Venezuela habían tenido históricamente los períodos más extensos de la región, con seis años. Nicaragua rompió ahora ese límite y redujo todavía más la frecuencia con la que sus ciudadanos pueden acudir a las urnas.
Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, podrían asumir en 2036 otro ciclo de siete años. Si ese escenario se concreta, la pareja llegaría a acumular cerca de 30 años ininterrumpidos al frente del Estado.
La reforma también excluye de la competencia electoral a quienes el oficialismo califique como “traidores a la patria”. Opositores desterrados advierten que esta disposición elimina cualquier posibilidad de elecciones libres y competitivas.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió aumentar la presión internacional contra el régimen nicaragüense. Las nuevas reglas, según sus críticos, consolidan el poder familiar y convierten a Nicaragua en una de las principales alertas democráticas de Centroamérica.
