La imagen del líder indígena Brooklyn Rivera, postrado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y con signos visibles de deterioro extremo, reabrió esta semana uno de los capítulos más oscuros de la crisis nicaragüense: la muerte y el deterioro físico de presos políticos bajo custodia de la dictadura.
Organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos y activistas denunciaron que el caso de Rivera no es aislado.
Al contrario, forma parte de un patrón sostenido de desapariciones forzadas, aislamiento prolongado, negación de atención médica y tortura psicológica en las cárceles controladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Brooklyn si se muere no es el primero. Ya tenemos varios casos de muertos por el régimen”, advirtió Eugenia Valle, esposa del desaparecido político Víctor Boitano, durante una conferencia virtual organizada por organizaciones de derechos humanos.
Las denuncias surgieron después de que la dictadura divulgara fotografías y un informe médico sobre Rivera, quien permaneció más de 970 días en desaparición forzada antes de reaparecer hospitalizado.

Muertes que marcaron la represión
Uno de los casos más emblemáticos fue el del general retirado Hugo Torres, exguerrillero sandinista y antiguo compañero de armas de Ortega, fallecido el 12 de febrero de 2022 bajo custodia policial.
Torres había sido detenido en junio de 2021 acusado de “traición a la patria”, junto a decenas de opositores, periodistas y aspirantes presidenciales.
Durante meses, familiares y organismos internacionales denunciaron el deterioro de su salud y la falta de atención médica adecuada.
La muerte del exmilitar provocó una ola de condenas internacionales y aumentó las denuncias sobre las condiciones de encierro en la cárcel de “El Chipote”, principal centro de interrogatorios políticos en Nicaragua.
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El crimen de Eddy Montes
Otro caso que permanece en la memoria de los opositores es el de Eddy Montes, un ciudadano nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 dentro del sistema penitenciario La Modelo.
La dictadura aseguró entonces que Montes murió durante un supuesto motín carcelario, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron que recibió un disparo de un custodio penitenciario durante una protesta de presos políticos.
También la muerte del exjefe militar Humberto Ortega volvió a colocar el foco internacional sobre las condiciones de reclusión política en Nicaragua.
Aunque el hermano del dictador Daniel Ortega no figuraba oficialmente como preso político, permaneció durante meses bajo vigilancia policial, aislamiento y restricciones de movilidad antes de morir en 2024.
Diversos sectores opositores denunciaron que sufrió un deterioro físico acelerado en condiciones de encierro y hostigamiento estatal.
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“No queremos fotos, los queremos vivos”
Familiares de desaparecidos políticos rechazaron esta semana las imágenes divulgadas por el régimen sobre Brooklyn Rivera y aseguraron que no aceptarán “falsas pruebas de vida”.
“No nos van a engañar con esas falsas pruebas de vida. Eso no es una prueba de vida. Son pruebas de la crueldad y de la tortura psicológica”, denunció Thelma Brenes, hija del exmilitar Carlos Ramón Brenes Sánchez, desaparecido desde agosto de 2025.
Las organizaciones denunciaron además que varios detenidos permanecen incomunicados, sin acceso a abogados, médicos independientes ni visitas familiares.
Entre ellos mencionaron a Stedman Fagot Müller, Víctor Boitano Coleman, Salvadora Martínez y Douglas Pérez Centeno.
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Acusaciones de crímenes de lesa humanidad
La Asociación Memoria y Justicia, el Colectivo Nicaragua Nunca Más y Amnistía Internacional sostienen que el deterioro físico de Brooklyn Rivera evidencia una práctica sistemática de represión estatal.
“Estamos ante un crimen de lesa humanidad”, afirmó Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien recordó que ya existen antecedentes de presos políticos muertos bajo custodia estatal, como Hugo Torres y Eddy Montes.
Por su parte, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y reclamó acceso a evaluaciones médicas independientes.
Mientras tanto, el caso de Brooklyn Rivera volvió a instalar el miedo entre las familias de los desaparecidos políticos nicaragüenses: el temor de recibir una fotografía hospitalaria como antesala de otra muerte bajo custodia estatal.







