El 18 de abril de 2018 comenzó como una protesta puntual, casi doméstica. Un grupo de jubilados y estudiantes salió a las calles de León para rechazar una reforma al sistema de seguridad social que recortaba pensiones y aumentaba contribuciones.
No era la primera vez que había inconformidad en el país, pero sí fue la primera vez en años que esa inconformidad se expresó de forma abierta, masiva y espontánea.
Las primeras imágenes fueron caóticas: jóvenes golpeados por turbas afines al gobierno, policías reprimiendo manifestaciones incipientes, periodistas tratando de documentar en medio del desconcierto. Lo que parecía un episodio contenido escaló con rapidez.
Fuego de abril
En cuestión de horas, las protestas se extendieron a otras ciudades y sectores sociales: hubo fuego, caos, rebeldía y defensa civil. Y entonces ocurrió el punto de no retorno.
Desde el poder, la respuesta dejó de ser táctica y se volvió estratégica. Testimonios posteriores, reconstruidos por organismos de derechos humanos y fuentes internas, coinciden en que hubo una decisión clara: sofocar el levantamiento sin concesiones.
La frase que sintetizó esa orden —“vamos con todo”— no fue una metáfora. Fue una directriz tajante de Rosario Murillo, la cruel pareja dictatorial, perversa en sus obras como soez en sus discursos de odio.
Lo que siguió fue una operación de control y salvajismo que combinó a la Policía Nacional con grupos paramilitares armados por los militares al servicio del régimen. Las manifestaciones cívicas fueron tratadas como objetivos militares.
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Masacres y maldades en abril
Según registros ampliamente documentados, 355 personas fueron asesinadas, muchas de ellas con disparos de francotiradores dirigidos a zonas vitales. Más de 2.000 resultaron heridas de bala, y miles fueron detenidas, interrogadas, torturadas o desaparecidas temporalmente.
El país entró en un estado de excepción no declarado, donde la violencia estatal se convirtió en una política de Estado de guerra.
Dos hechos de terror marcaron aquella política de guerra de la dictadura sandinista: la incineración de una familia completa en el Barrio Carlos Marx de Managua, cometida por paramilitares y policías el 6 de junio de 2018.
Y luego las llamadas “Operaciones Limpieza” del mes de julio en Masaya, Managua, León, Matagalpa, Jinotega y Carazo, que dejaron cientos de manifestantes acribillados a balazos por las hordas policiales, militares y paramilitares de los Ortega Murillo.
Dictadura se atrinchera en la tiranía
Con el paso de las semanas, la represión se expandió más allá de las calles.
Lo que comenzó como una respuesta a protestas derivó en una reconfiguración total del Estado. Nicaragua dejó de ser una república imperfecta para convertirse en un sistema cerrado, diseñado para preservar el control político y económico en manos de la familia Ortega Murillo.
Desde entonces el país cayó en un abismo de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Los medios de comunicación independientes fueron desmantelados. Más de 60 redacciones cerraron o fueron confiscadas. Periodistas fueron encarcelados, expulsados o forzados al exilio.
Universidades, ONG, asociaciones civiles y fundaciones perdieron su estatus legal y sus bienes. La vida pública quedó bajo vigilancia de miles de paramilitares, orejas y soplones vecinales, institucionalizados para denunciar al vecino sospechoso de no seguir las directrices del régimen de terror sandinista.
El exilio se convirtió en la válvula de escape de una presión interna insoportable. Familias enteras salieron del país con lo puesto. Profesionales, estudiantes, campesinos, empresarios. Nadie quedó al margen de la fractura.
Según la ACNUR, cerca de un millón de nicaragüenses han abandonado Nicaragua desde 2018, una cifra que, en proporción a la población total (6.9 millones de habitantes), redefine la estructura social del país.
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Remesas salvan economía
Ese éxodo no solo vació territorios. También redefinió la economía.
El economista Enrique Sáenz sostiene que Nicaragua sobrevive en un modelo que ya no produce, sino que resiste gracias al aporte de remesas de los exiliados. “Las remesas se han convertido en el principal sostén. Sin ese flujo de dinero externo, el sistema colapsaría”, afirma.
A eso se suma una política fiscal que describe como opresiva, diseñada para extraer recursos en un entorno donde la inversión privada se ha retraído y la confianza institucional es prácticamente inexistente.
Junto a ello, la corrupción esquematizada en negocios turbios de extracción de oro, empresas de lavado de dinero y manejo mafioso de los proyectos de cooperación externa, dice Sáenz.
Las sanciones internacionales han profundizado ese escenario. Empresas vinculadas al poder han sido castigadas, figuras clave del régimen han sido incluidas en listas negras y el acceso a financiamiento externo se ha restringido. Pero el impacto no es solo económico. Es estructural.
Más aislados que nunca
En el plano internacional, el aislamiento es evidente. Nicaragua ha perdido espacios de interlocución en foros clave y su presencia en organismos multilaterales se ha reducido a lo mínimo, tras la esquizofénica decisión de salir de la OEA y de la mayoría de foros de Naciones Unidas.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a gran parte del círculo cercano al poder, incluyendo a casi todos los miembros de la familia dictatorial, ubicados corruptamente en cargos de confianza y control social.
El analista Alfredo Gutiérrez señala que ese aislamiento no es circunstancial, sino acumulativo. “El régimen ha ido cerrando puertas sin abrir otras. Sus alianzas con Rusia o China no sustituyen la pérdida de legitimidad en Occidente, ni compensan el costo económico de las sanciones”, sostiene.
En Centroamérica, el entorno natural del régimen, no quedan aliados afines a la dictadura y Estados Unidos ha estrechado el cerco con gobiernos democráticos de derecha.
En un contexto geopolítico donde Washington busca contener la influencia de Moscú y Pekín en América Latina, Nicaragua ha quedado en una posición incómoda: demasiado alineada con actores cuestionados, pero sin el peso estratégico suficiente para ser prioritaria.
El resultado es un país cada vez más solo.
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Dictadura de líderes decadentes
Ese aislamiento externo encuentra su reflejo en el deterioro interno del poder. Daniel Ortega, con más de ocho décadas de vida, aparece cada vez menos en público y cuando sale luce evidentemente decadente, con una merma de sus capacidades discursivas y movimientos torpes.
Rosario Murillo, igual de decadente a Ortega, físicamente, en cambio, se ha consolidado como la figura central del régimen, controlando el discurso, la narrativa y buena parte de las decisiones.
Dentro del oficialismo, su figura genera tensiones. Fuentes cercanas al poder describen un ambiente de desconfianza, donde los cuadros históricos han sido desplazados o purgados y las decisiones se concentran en un círculo cada vez más reducido.
Los hijos de la pareja presidencial han asumido roles estratégicos en la maquinaria de propaganda, operando redes digitales, medios oficialistas y campañas de desinformación que buscan moldear la percepción pública, pero no han salido incólumes: todos sancionados y en muchos casos, controlados por su propia madre al grado de ser ella quien decide quién entra y sale de la familia.
Pero ese esfuerzo tiene límites.
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Dictadura fatigada desde el 18 de abril
El escritor Sergio Ramírez Mercado ha descrito el momento actual como el de una “dictadura fatigada”, que se sostiene por la inercia del miedo”. Desde el exilio, observa un país donde el silencio no es sinónimo de estabilidad, sino de contención, pese a la narrativa que lo quiere vender como “paz”.
“El miedo organiza la vida cotidiana, pero no construye legitimidad”, ha señalado.
El Estado, en su conjunto, ha perdido credibilidad. Instituciones como el sistema judicial, la policía o el órgano electoral funcionan como extensiones del poder político.
Los informes de organismos internacionales han documentado, con nombres y apellidos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y desnacionalizaciones.
La acusación más grave —la posible comisión de crímenes de lesa humanidad— ha colocado al régimen bajo una presión constante, aunque sin consecuencias inmediatas en términos judiciales.
Aun así, el desgaste es visible.
El paralelismo con la dictadura somocista, que gobernó Nicaragua durante 45 años, se ha vuelto recurrente dentro y fuera del país. Pero a diferencia de aquel periodo, el régimen actual enfrenta una vigilancia internacional más intensa y una diáspora que documenta, denuncia y mantiene viva la memoria de lo ocurrido.
Eso ha tenido un costo.
Y, sin embargo, la historia no se ha cerrado.
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Un país en resistencia
El sociólogo Óscar René Vargas plantea que la resistencia no desapareció, sino que cambió de forma. “La gente no dejó de resistir. Aprendió a hacerlo en silencio”, explica.
En un entorno donde cualquier expresión pública puede tener consecuencias, la oposición se ha replegado a espacios menos visibles: redes familiares, comunidades en el exilio, memoria colectiva. No hay marchas multitudinarias, pero hay una tensión latente que no se ha disipado.
Para Vargas, el régimen enfrenta un desgaste que va más allá de lo físico. “Es una dictadura que envejece en todos los sentidos: en su liderazgo, en su discurso, en su capacidad de interpretar la realidad. No tiene proyecto, solo control”.
Esa falta de horizonte, sostiene, es su mayor debilidad, junto a la decadencia física de sus líderes.
“La historia de Nicaragua ha demostrado que los ciclos de poder no son eternos. Lo que vemos hoy es un cierre, no una estabilidad de un régimen. Y en ese cierre, la resistencia sigue ahí, esperando, observando, acumulando fuerza”.
Ocho años después, Nicaragua no ha salido de abril.
