El ministro panameño de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha, denunció el miércoles que el reciente aumento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en China es consecuencia directa de un fallo de la Corte Suprema de Panamá.
En una conferencia en Asunción, Paraguay, Martínez-Acha expresó su esperanza de que el aumento de detenciones, que se intensificó en marzo, pronto vuelva a niveles normales. “Nuestra flota mercante, la más importante del mundo, ha experimentado un aumento en las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China”, declaró.
En enero, la Corte invalidó el marco legal que permitía al conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, operar dos terminales clave cerca del Canal de Panamá, lo que provocó la cancelación de las concesiones.
El Ministro reiteró la postura de Panamá respecto al respeto a la soberanía legal de otros países, pero también instó a China a corresponder ese respeto hacia Panamá. “Simplemente pedimos el mismo trato para nosotros”, añadió Martínez-Acha, enfatizando el compromiso de Panamá con la soberanía.
El aumento de las detenciones ha generado preocupación en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia en el comercio internacional. Panamá, con su canal de vital importancia estratégica que maneja aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial, se encuentra atrapado entre las dos potencias mundiales.
La importancia marítima de Panamá y sus acciones legales contra un operador importante como CK Hutchison han convertido las detenciones en un tema geopolítico significativo.
A finales de marzo, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos alertó sobre el aumento de las detenciones de buques con bandera panameña. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también expresó su profunda preocupación, lo que incrementó la presión sobre China para que aborde el problema.
Este último punto álgido se produce tras la oposición de China al fallo de la Corte Suprema de Panamá, al que ha calificado de “acto de mala fe”. Durante casi tres décadas, CK Hutchison gestionó dos de las terminales más importantes de Panamá, pero tras el fallo judicial, el gobierno panameño revocó las concesiones, lo que provocó una ola de tensiones con la multinacional.
En respuesta, CK Hutchison ha acusado a las autoridades panameñas de confiscar ilegalmente su propiedad, lo que llevó a la empresa a presentar una demanda de arbitraje internacional. El conglomerado ahora reclama una indemnización superior a los 2.000 millones de dólares, lo que complica aún más la situación.
