La denuncia por presuntas adopciones ilegales en Guatemala volvió a generar polémica luego de que el expediente quedara bajo conocimiento de Cinthia Monterroso, fiscal considerada cercana a la exjefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el Ministerio Público rechazó una solicitud para cambiar la fiscalía encargada del caso. Ahora será Monterroso quien decida si el expediente pasa a otra unidad especializada.
La representante de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, Lucrecia Prera, explicó que buscan que el caso sea investigado por la Fiscalía contra la Trata de Personas debido a la gravedad de las denuncias y la posible existencia de víctimas de desaparición forzada.
Prera también denunció que la PGN no ha tenido acceso completo al expediente. Según afirmó, desconocen varias diligencias realizadas por fiscales en archivos de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Además, señaló que algunas actuaciones no fueron notificadas oficialmente y advirtió que eso podría generar dudas sobre la legalidad en la obtención de documentos y expedientes relacionados con las adopciones investigadas.
La denuncia fue presentada en febrero pasado luego de que expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revelaran información sobre presuntas adopciones ilegales ocurridas en Guatemala durante los años 80. En el caso aparece mencionada Consuelo Porras por su paso por el albergue estatal Elisa Martínez en esa época, aunque ella negó cualquier relación con los hechos.
El diputado José Chic pidió que el fiscal general, Gabriel García Luna, concentre la investigación en una fiscalía especial. Mientras tanto, Cancillería confirmó que a finales de junio llegará a Guatemala un grupo de expertos de la ONU para evaluar el manejo del caso y entrevistar a víctimas vinculadas con el expediente.
