El Congreso de Guatemala confirmó el pago de indemnizaciones a familiares de policías fallecidos y agentes heridos tras los ataques armados del pasado 18 de enero, en un contexto de creciente preocupación por la violencia y las condiciones en que opera la fuerza de seguridad.
El resarcimiento fue aprobado mediante el acuerdo legislativo 3-2026, que establece una compensación económica para once policías fallecidos y cuatro agentes que resultaron heridos durante los hechos violentos.
Según autoridades del Congreso, cada familia de los agentes fallecidos recibirá 300,000 quetzales (unos $38,000), mientras que los policías lesionados obtendrán 100,000 quetzales (alrededor de $12,800 dólares).
Hay presupuesto
El monto total autorizado asciende a 3,7 millones de quetzales (aproximadamente $474,000), recursos que ya cuentan con respaldo presupuestario y cuya entrega se prevé después del receso de Semana Santa.
La medida fue aprobada con carácter de urgencia nacional en una sesión extraordinaria realizada el 19 de enero, tras una moción presentada por el diputado oficialista Samuel Pérez, en medio de un clima de conmoción por los ataques.
Durante esa sesión, diputados advirtieron que los hechos no serían aislados y señalaron posibles vínculos con estructuras delictivas organizadas, lo que elevó la preocupación sobre la seguridad institucional en el país.
El caso también reactivó el debate sobre el respaldo legal de la Policía Nacional Civil, especialmente tras la suspensión de normas clave sobre el uso de la fuerza, mientras sectores políticos insisten en la necesidad de brindar mayor protección jurídica a los agentes frente al crimen organizado.
