Durante el último cuarto de siglo, Venezuela ha sido un país difícil de mirar sin filtros. Desde el contexto político español, ha sido leída más como símbolo que como sociedad. Desde la derecha, como un argumento recurrente para desacreditar proyectos de izquierdas. Desde la izquierda, como un tema incómodo que a menudo se evita.
En ambos casos, el foco se ha apartado de la deriva autoritaria del país y de sus consecuencias humanas. De ahí la dificultad de entender por qué las reacciones de alivio, e incluso de felicidad, de gran parte de la diáspora venezolana ante la intervención estadounidense.
Precedentes geopolíticos
Desde una perspectiva internacional, los riesgos son evidentes y graves, como muestran los casos de Irak o Libia, donde el derrocamiento de regímenes autoritarios dieron paso a un largo periodo de inestabilidad, violencia y colapso institucional, con su correlato de víctimas y sufrimiento.
Además, en el caso venezolano el presidente estadounidense no ha presentado la invasión como una acción en nombre de la población venezolana, sino que ha sido explícito sobre sus intereses estratégicos. Su actuación erosiona así los principios básicos del derecho internacional y sienta un precedente peligroso, que hace más inquietantes sus advertencias a Colombia o las declaraciones sobre Groenlandia. Por todo ello, la condena debe ser clara y sin fisuras.
Sin embargo, esa condena convive con la realidad de la población venezolana. Durante años, la vida en Venezuela ha sido para la mayoría una experiencia de sufrimiento cotidiano.
Venezolanos de la diáspora
Esa realidad ha guiado mi aproximación a Venezuela, construida desde una vertiente a la vez personal y académica. A través de vínculos personales traté de entender el país durante el chavismo y, posteriormente, analicé las trayectorias migratorias de los desplazados y las políticas de acogida en Colombia y Perú, los principales países receptores de un éxodo de cerca de ocho millones de personas. Esa investigación reforzó una mirada menos ideologizada y más atenta a las consecuencias humanas y me mostró cómo detrás de los debates políticos se acumulan historias de pérdidas y proyectos vitales interrumpidos.
A partir de 2017, el colapso económico y la creciente autocratización bajo el régimen de Nicolás Maduro –visible en la intensificación de la crisis humanitaria y el éxodo, y en la represión de las protestas y el reemplazo de la Asamblea Nacional mediante una Asamblea Constituyente– fueron consolidando, dentro y fuera del país, un consenso amplio sobre la necesidad de un cambio político. No se trataba de un consenso ideológico cerrado, sino de la convicción de que el sistema había dejado de garantizar derechos fundamentales y condiciones mínimas de vida.
Oposición y elecciones 2024
Ese consenso tardó en cristalizar debido a las fracturas de la oposición y solo lo hizo tras las elecciones presidenciales de 2024, celebradas en condiciones profundamente desiguales. A la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, elegida en un proceso de primarias en octubre de 2023, se sumó la de su sucesora, Corina Yoris, mientras se intensificaba la represión. Además, cerca del 30 % de la población venezolana, que se había visto empujada a abandonar el país, no pudo votar.
Tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente. Pese a ello, la oposición, mediante un trabajo minucioso de recopilación y verificación sostenido por una ciudadanía organizada, logró mostrar de forma convincente actas que otorgaban la victoria, con el 67 % de los votos, al candidato opositor Edmundo González. Ganar en esas condiciones tuvo un enorme significado simbólico, pero no se tradujo en un cambio de régimen y las vulneraciones de derechos continuaron sin consecuencias inmediatas.
Frente a ese deterioro sostenido, la comunidad internacional tampoco logró articular una respuesta eficaz. No lo hizo el cerco diplomático de 2019 que siguió a la ruptura del orden constitucional, ni los acuerdos alcanzados en Barbados, que buscaban abrir el camino a unas elecciones con garantías en 2024.
Expectativa por cansancio
En ese contexto de desgaste y estancamiento –y no como expresión de ingenuidad ni de adhesión ideológica– se explica el alivio o incluso la esperanza de gran parte de la diáspora venezolana ante la intervención estadounidense. Y así lo relatan algunas de las personas con las que he podido hablar.
Mis amigos Andrés, César y Génesis emigraron primero a Perú y después han logrado establecerse en España. Sus reacciones han sido de nostalgia y contenida alegría. A raíz de la intervención confían en que la situación mejore y un eventual cambio de régimen pueda favorecer una mejoría económica. Quizá así el padre de César pueda tratar su cáncer sin depender de las remesas.
Otra amiga, Alejandra, dejó Venezuela tras las protestas de 2017 y se estableció en Colombia. Desde la invasión, se mueve entre la preocupación por las políticas del presidente Trump hacia los países latinoamericanos y la esperanza de que esta vez sí haya una salida. Y se plantea la posibilidad de regresar.
Estos sentimientos que expresan muchos venezolanos no responden solo a una reacción emocional sino también a una valoración racional: el país llevaba años en una situación de colapso, con las vías internas de cambio cerradas. Aunque las declaraciones de Trump no sean alentadoras –ambiciones sobre el petróleo, postergación de la transición democrática, riesgo de un conflicto armado–, parece haber una esperanza, frágil, de cambio.
Andrés y Alejandra rechazan el carácter “inhumano” de las políticas de Trump y reconocen sus intereses en Venezuela, pero consideran que el petróleo ya estaba en manos de Rusia y China y coinciden en que ahora se ha abierto una posibilidad de que el país pueda, con el tiempo, volver a ser un lugar donde vivir.
¿A dónde vas, Venezuela?
La paradoja es evidente: aquello que para el mundo representa una ruptura grave del orden internacional puede ser percibido por muchas personas como el primer movimiento en una situación que llevaba años sin alternativas, incluso aunque finalmente no se traduzca en cambios reales.
Reconocer esta diferencia no supone legitimar la intervención ni ignorar sus peligros, sino admitir que el significado político de los hechos varía cuando se observan desde una sociedad sometida a un colapso prolongado. El simple quiebre de una parálisis que parecía absoluta basta para explicar por qué algunos leen este momento como una apertura, por frágil e incierta que sea.
Nieves Fernández Rodríguez, Profesora y coordinadora de la Cátedra de Migraciones y Derechos Humanos, Universidad Nebrija
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
