El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una redada sincronizada en Nicaragua la noche del 17 de julio, en la antesala del acto partidario por el aniversario de la Revolución Sandinista, marcando una nueva escalada en la política de terror y represión que impera en Nicaragua desde 2018.
Agentes policiales —uniformados y vestidos de civil — secuestraron al menos a ocho personas durante un operativo simultáneo que duró más de tres horas y media, sin orden judicial ni información oficial sobre su paradero.
Los hechos ocurrieron entre las 7:00 y las 10:30 de la noche del jueves 17 de julio (una hora más para Panamá), según información verificada por organizaciones independientes y testigos directos.
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Familia secuestrada
Las víctimas pertenecen a una misma red familiar y de amistad, e incluyen a Jéssica (46), Arely y Rudy Palacios Vargas (57), así como a Olga María Lara Rojas (42), Pedro López, Armando Bermúdez, Mauricio Alonso Prieto y su hijo homónimo.
Los secuestros los ejecutaron por fuerzas fuertemente armadas que irrumpieron en sus viviendas, sin órdenes judiciales y sin permitir contacto con abogados ni familiares.
“Fue una operación sincronizada, llegaron a diferentes casas con apenas minutos de diferencia”, aseguró una fuente cercana a las víctimas, cuya identidad se resguarda por razones de seguridad.
Tras los secuestros, los familiares acudieron desesperadamente a distintas dependencias policiales buscando información.
“En Auxilio Judicial dijeron que fueran al Distrito 3. En el Distrito 3 les mandaron a Plaza El Sol a reportarlos como desaparecidos, aunque sabían que fue la Policía quien se los llevó”, denunció un pariente.
Tácticas de terror estatal
La redada se enmarca en una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo de intensificar los secuestros y la represión en fechas simbólicas o festivas.
Así lo ha documentado reiteradamente el Monitoreo Azul y Blanco, que registra patrones represivos alrededor de cada aniversario de la Rebelión de Abril de 2018, así como durante fechas patrias, elecciones y efemérides sandinistas.
Estas acciones, lejos de ser aisladas, forman parte de una estrategia estatal de persecución política basada en el terror, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos.
Organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado múltiples patrones de represión sistemática que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
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Nicaragua bajo un régimen brutal
Desde 2018, el régimen de Ortega ha sido señalado por ejecutar más de 350 asesinatos extrajudiciales, más de 2.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de desaparición forzada y tortura.
La brutalidad está especialmente dirigida contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores reales o percibidos.
En febrero de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluyó que las violaciones cometidas por el Estado nicaragüense “constituyen crímenes de lesa humanidad y responden a una política deliberada para eliminar la disidencia”.
La reciente redada refuerza esa conclusión. Las familias siguen sin obtener información oficial sobre el paradero de sus seres queridos ni sobre los motivos de las detenciones, mientras el régimen celebra actos partidarios cargados de propaganda y llamados a la “vigilancia revolucionaria”, como el pronunciado por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en el que alentó a la juventud sandinista a espiar y delatar a quienes “conspiren”.
Nadie está seguro en Nicaragua
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el silencio cómplice de las instituciones del Estado, incluida la Policía Nacional, que actúa como brazo represivo de la dictadura sin control judicial ni transparencia.
“Estamos ante una dictadura que actúa como una maquinaria de represión política. Los secuestros, las desapariciones y las amenazas son hoy parte de la cotidianidad en Nicaragua”, advirtió un defensor de derechos humanos desde el exilio.
Las familias de los detenidos temen por su integridad física y mental. Exigen su liberación inmediata, garantías legales y el fin de la represión. Mientras tanto, Nicaragua continúa sumida en un estado policial, sin Estado de derecho, y bajo el dominio absoluto de una pareja presidencial que gobierna con puño de hierro desde hace más de 17 años.
