El asesinato del ex militar nicaragüense y opositor al régimen de Daniel Ortega, Roberto Samcam, en territorio costarricense ha provocado una creciente fractura política en Costa Rica, donde el silencio del presidente Rodrigo Chaves y la negativa de la bancada oficialista a condenar el crimen ha desatado críticas de exmandatarios, legisladores, analistas y organismos internacionales de derechos humanos.
La polémica se encendió este lunes, cuando ocho diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) votaron en contra de una moción legislativa que condenaba el crimen ocurrido el pasado 19 de junio en la localidad de Moravia, San José, donde Samcam fue acribillado en su vivienda por personas aún no identificadas.
La moción, aprobada con 34 votos a favor de distintas fracciones parlamentarias, instaba al Gobierno costarricense a pronunciarse públicamente sobre el asesinato, investigar si operan células criminales extranjeras en el país y revisar los protocolos de protección para exiliados políticos. La fracción oficialista, sin embargo, se desmarcó del consenso.
“El Ejecutivo no debe involucrarse en investigaciones judiciales ni emitir condenas sin verificaciones oficiales”, argumentó el subjefe de fracción, Daniel Vargas, quien defendió el voto negativo y minimizó la necesidad de modificar los actuales protocolos de refugio, en un país que acoge a más de 250.000 personas refugiadas o solicitantes de refugio.
Hijo de Roberto Samcam, ruega a Costa Rica que acepte la ayuda que ofreció EEUU para una investigación multinacional que de con los autores intelectuales del asesinato de su padre. pic.twitter.com/OqXEpu57r7
— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) June 22, 2025
La posición oficialista generó una inmediata reacción del resto de bancadas. Gilberto Campos, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), lamentó la indiferencia del Gobierno y subrayó que Samcam no era “un refugiado más”, sino “un líder político reconocido, víctima de un atentado planificado”.
“El territorio costarricense ha sido violentado. No lo mataron en un asalto común; tocaron su puerta y lo ejecutaron. Esto tiene todas las características de un crimen político y debe investigarse como tal”, afirmó Campos.
Pese a la controversia, la Asamblea Legislativa aprobó un minuto de silencio en memoria de Samcam, moción que sí fue respaldada por los diputados oficialistas.
No obstante, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, no ha emitido hasta el momento ningún pronunciamiento oficial, ni sobre el crimen ni sobre la creciente presión política interna y externa para responder con firmeza ante el caso.
Analistas y exmandatarios acusan pasividad del Ejecutivo
El historiador y excandidato presidencial Vladimir de la Cruz calificó el crimen como un “sicariato político” y advirtió que “no se trata de un hecho aislado”, sino de un patrón de represión transnacional atribuido al régimen Ortega-Murillo.
“Ese fue un acto de asesinato político. Llegaron a matarlo específicamente a él. Esto solo beneficia a quienes desean silenciar las voces críticas del régimen nicaragüense”, afirmó De la Cruz, quien también cuestionó con dureza al Gobierno de Chaves por su silencio.
“Cuando se mata a un exiliado político en nuestro territorio, también se vulnera la seguridad de todos. La inacción del Gobierno puede ser interpretada como complacencia o cobardía”, sentenció el analista.
Organismos internacionales como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) también expresaron preocupación por el asesinato de Samcam y exhortaron a Costa Rica a conducir una investigación “efectiva e imparcial”, que esclarezca si el crimen fue instigado desde el exterior.
En el ámbito nacional, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Montserrat Ruiz, tildó de “ignorante” la posición del oficialismo y denunció que “esto ya no es solo un tema de derechos humanos, sino de seguridad nacional”.
Un crimen que tensiona la política exterior costarricense
Desde 2018, Costa Rica ha acogido a miles de nicaragüenses que huyeron de la represión estatal en su país. Samcam fue uno de ellos.
Mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, se exilió tras convertirse en una de las voces más duras contra el régimen de Ortega y Murillo. En 2023, fue despojado de su nacionalidad por la dictadura junto a más de 300 opositores.
El pasado domingo, fue sepultado en el cementerio Obrero de San José, arropado por las banderas de Nicaragua, España y Costa Rica, ante una multitud que clamaba justicia.
El crimen y la respuesta del oficialismo abren un nuevo capítulo en la política exterior costarricense, tradicionalmente comprometida con la defensa de los derechos humanos en la región.
Mientras crecen los cuestionamientos al silencio del presidente Chaves, el país enfrenta la disyuntiva de reafirmar su histórica posición humanitaria o arriesgarse a convertirse, según advierten algunos, en un “territorio inseguro para la disidencia”.
“Si no se investiga con profundidad, este crimen puede sentar un precedente peligroso. Hoy fue Samcam, mañana puede ser cualquier otro”, advirtió De la Cruz.
Hasta este martes 24 de junio, el Gobierno de Rodrigo Chaves continúa sin pronunciarse.
