El gobierno peruano está estudiando mecanismos de cooperación bilateral para trasladar a reos extranjeros de alta peligrosidad a cárceles de sus países de origen, y entre los destinos evaluados figura el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, aseguró el primer ministro de Perú, Eduardo Arana.
“El crimen organizado transnacional exige respuestas firmes y coordinadas”, declaró Arana ante el Congreso, al explicar que se analiza enviar a los reclusos a centros penitenciarios especializados como el CECOT, construido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como parte de su política de mano dura contra las pandillas.
Este penal de máxima seguridad, que ha sido eje del modelo carcelario de Bukele, actualmente aloja a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según informes, Washington firmó un acuerdo con El Salvador para pagar por el confinamiento de esos presos en territorio salvadoreño, aunque no se han revelado los detalles del pacto.
En el caso peruano, Arana no precisó si ya existe un acuerdo formal con El Salvador o con otros países de la región para el traslado de reclusos, aunque confirmó que se busca descongestionar el sistema penitenciario, desarticular redes criminales internas y reafirmar el principio de autoridad.
Perú enfrenta un grave problema de hacinamiento carcelario: tiene 69 prisiones con 101,302 reos pese a que su capacidad es de apenas 41,764, lo que representa una sobrepoblación del 143 %, según datos oficiales de marzo. Entre los presos extranjeros, los venezolanos son mayoría (3,995), seguidos por colombianos (780), ecuatorianos (161), mexicanos (84) y bolivianos (70).
El propio Arana visitó El Salvador en febrero de 2024 cuando era ministro de Justicia, y sostuvo reuniones con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, para conocer el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.
Sin embargo, expertos peruanos ven con escepticismo la viabilidad de la propuesta. El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Germán Small Arana, declaró que “no existe hasta ahora ningún convenio que permita el traslado a El Salvador”, y que este tipo de medidas requeriría aval legislativo y acuerdos diplomáticos complejos.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, calificó la iniciativa como “populista” y criticó el uso político del modelo de Bukele. “Me parece un absurdo. Estamos jugando con las expectativas de la gente. Trump los envía sin proceso a penales fuera de su país”, declaró a medios locales.
