La administración del presidente Donald Trump anunció este viernes la revocación del estatus legal temporal otorgado a más de 530,000 migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, en una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de línea dura contra la inmigración.
El aviso oficial, publicado en el Registro Federal, indica que la medida entrará en vigor el próximo 24 de abril y afectará a personas que fueron beneficiadas por el programa de “parole humanitario” impulsado por la administración de Joe Biden.
Este programa, iniciado en 2022 para venezolanos y extendido en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses, permitía el ingreso legal al país por vía aérea para quienes contaran con un patrocinador estadounidense.
Con esta revocación, miles de migrantes perderán sus permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la suspensión de los beneficios se aplicará mientras se realiza una revisión por posibles fraudes o amenazas a la seguridad nacional.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que esta medida deja a decenas de miles de personas en un limbo legal, expuestas a la detención o expulsión.
LO ÚLTIMO
La administración Trump revocará el estatus legal de 530 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que entraron a EEUU. a través del programa PAROLE Humanitario, concedido por la administración Biden.
La medida entrará en vigencia a finales de abril próximo, y… https://t.co/A7PRwot2Ng— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) March 21, 2025
“Se calcula que la cifra de nicaragüenses con orden de deportación es de entre 60,000 y 70,000 personas”, alertó Harold Rocha, presidente de la organización Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF).
“A estos se sumarán quienes queden sin estatus conforme venza su parole”, agregó.
Datos de USCIS indican que hasta diciembre de 2024, unos 92.000 nicaragüenses se beneficiaron de este programa.
Desde su llegada al poder, en enero de este año, Trump ha promovido una agenda migratoria restrictiva que incluye la eliminación de beneficios temporales y la deportación masiva de migrantes indocumentados.
En enero, firmó una orden ejecutiva para suspender programas que, en su criterio, “sobrepasan los límites de la ley federal”.
El anuncio de este viernes confirma esa directriz.
La medida también podría extenderse a los más de 240,000 ucranianos que ingresaron a Estados Unidos desde el inicio del conflicto con Rusia.
Trump dijo el 6 de marzo que evaluaba cancelar el estatus especial concedido a esa población.
La revocación del parole coincide con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países afectados. En el caso de Venezuela, donde no hay relaciones diplomáticas formales desde 2019, Washington reactivó recientemente los vuelos de deportación tras suspender una licencia para que la petrolera Chevron operara en ese país.
Según Naciones Unidas, más de 8 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014, escapando de una crisis humanitaria que ha reducido la economía nacional en un 80 %.
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el éxodo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, mientras rechaza asumir responsabilidades por la debacle interna.
La administración Trump espera que los migrantes afectados se autodeporten o, en su defecto, que sean detenidos por las autoridades de inmigración. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten del impacto social, económico y emocional que esta medida tendrá en cientos de miles de familias.
“Esta decisión no solo revierte un alivio migratorio para quienes huían de la persecución y el colapso institucional, también rompe con un compromiso humanitario de Estados Unidos frente a las crisis de la región”, afirmó un comunicado conjunto de varias organizaciones pro-migrantes.
Los primeros deportados ya comienzan a llegar. En febrero, más de 600 venezolanos fueron repatriados en vuelos organizados por el gobierno estadounidense. Algunos terminaron en El Salvador, según denuncias de familiares, generando más incertidumbre entre quienes aún se encuentran en territorio estadounidense.
La pausa en los beneficios también afecta a quienes llegaron a Estados Unidos bajo la app CBP One, utilizada para gestionar citas en la frontera, y se suma a una revisión en curso del DHS sobre los criterios de otorgamiento del parole.
Mientras tanto, miles de migrantes aguardan una nueva directriz o una medida judicial que pueda revertir esta decisión, en medio de una ola de recortes financieros a entes federales y el endurecimiento de las políticas de asilo y protección humanitaria.
