Una parte de la sociedad panameña parece estar en pie de “lucha popular” y dispuesta a dar batalla en las calles de la capital, para protestar por el acuerdo minero logrado por el gobierno de Laurentino Cortizo.
Este domingo, sindicalistas de la construcción marcharon con pancartas y gritando consignas en contra del convenio.
El viernes hubo enfrentamientos entre opositores al trato oficial y la minera.
Las protestas son porque, consideran, con la explotación de minería que estará vigente por 20 años y puede ser prorrogable por otro período igual, se compromete la salud de los ciudadanos, el patrimonio y hasta la soberanía y futuro de la sociedad.
Para este lunes han anunciado paro de maestros y otros sindicatos se sumarían a este. Por su parte el gobierno dijo que las clases quedan suspendidas.
El vocero de la Alianza y secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, anunció que seguirán en las calles protestando.
“Queremos decirle al país que estamos listos para la pelea en la calle. Estamos llamando al pueblo panameño en cada una de las provincias de este país, en cada una de las comarcas, a salir a las calles mañana [lunes]”, dijo Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, al término de la actividad.
Permanece cerrado los cuatro carriles en el cruce de Los Andes.
Video: @nicanoralvarado#Protesta #Cierredecalles #LosAndes #Suntracs #Minutoaminuto pic.twitter.com/QuNyI5guNa
— TVN Noticias (@tvnnoticias) October 22, 2023
A la vuelta de las elecciones generales (mayo 2024), el tema cobra más importancia.
El candidato Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, dijo que la minería, como negocio es fructífero y llena los bolsillos, pero una vez operando los ríos no pueden ser llenados jamas
El expresidente Martín Torrijos, quien busca llegar de nuevo al Ejecutivo, consideró que la Asamblea Nacional tomó una decisión apresurada al aprobar el trato.
El acuerdo garantiza un ingreso mínimo anual de $375 millones de al fisco, el pago de impuestos antes exentos, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, que exporta desde 2019, según el Gobierno.
