La falta de datos oficiales dificulta conocer el verdadero impacto de la violencia en los pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua. Una experta nicaragüense en estas comunidades denunció, desde el anonimato, la tolerancia estatal ante invasiones armadas, asesinatos, secuestros y violaciones sexuales en estos territorios.
Desde 2018, organizaciones indígenas, operando sin personalidad jurídica debido a cancelaciones impuestas por el régimen sandinista, han denunciado el aumento de la violencia armada, asesinatos, secuestros y violaciones sexuales contra niñas y adolescentes de los pueblos miskitos y mayagnas.
“No se puede conocer la dimensión exacta de este problema debido a la falta de datos sólidos. Es el Estado quien produce las estadísticas. Si ocurre un delito, se denuncia a la Policía Nacional y esa denuncia se convierte en una estadística”, afirmó la experta, que solicitó omitir su identidad por temor a represalias.
Actualmente, las instituciones no están produciendo datos o no los publican. Este problema, que antecede al gobierno actual, se ha profundizado, consideró la experta.
Subregistro alarmante de cifras
La falta de datos oficiales se compensa indirectamente con el registro de organismos de sociedad civil y redes sociales.
Durante el primer semestre de 2024, se reportaron 4 asesinatos de indígenas, sumándose a 75 casos entre 2013 y 2023, con un promedio anual de 6.8 asesinatos.
Además, se registraron 35 violaciones contra niñas y adolescentes indígenas entre 2018 y 2023, con un promedio anual de 5.8, lo que representa el 14.5 % de todas las violaciones ocurridas en la RACCN en 2019, según el último anuario estadístico de la Policía Nacional.
“Las violaciones sexuales y los raptos de niñas son delitos comunes. Muchos casos están vinculados a la presencia de colonos y consideramos que el subregistro siempre ha sido alto, aunque ahora es alarmante porque no se conocen los registros del Estado y las personas no confían en las instituciones”, afirmó la experta.
Comunidades fracturadas
El impacto de las invasiones de colonos en los territorios indígenas se agrava debido al fraccionamiento de las comunidades.
El gobierno central ha impuesto gobiernos territoriales y comunales paralelos con personas elegidas ilegítimamente y afines al partido en el poder.
“Las comunidades están divididas y esto dificulta la cohesión para proteger a sus miembros. La comunidad se vuelve más vulnerable”, agregó la experta.
Denuncias internacionales
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, publicado en marzo de 2024, denunció graves violaciones y abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el país.
El informe destacó las violaciones y abusos dirigidos contra estudiantes, profesores universitarios, pueblos indígenas y afrodescendientes, miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino.
Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación en junio de 2024 sobre el continuo deterioro de la situación en Nicaragua, incluyendo la persecución de grupos específicos y la impunidad en delitos contra los pueblos indígenas en sus territorios.
Los informes de la ONU subrayan que los pueblos indígenas en Nicaragua han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, en un contexto de represión generalizada contra voces disidentes y grupos vulnerables. Se requieren más investigaciones para documentar la magnitud exacta de estos abusos.
