En medio de la creciente crisis de seguridad que enfrenta Costa Rica, la Fuerza Pública, históricamente apolítica, ha sido colocada en el centro de una tormenta política y constitucional.
Un video difundido por el gobierno en el que altos mandos de la policía piden a los diputados “respetar su uniforme” y “dejarnos trabajar” ha generado un fuerte debate en todo el país.
La intervención pública de los cuerpos policiales, en respuesta a las críticas emitidas desde la Asamblea Legislativa, ha sido interpretada por muchos como una ruptura de los principios constitucionales que regulan el papel de la policía en una democracia, por parte del actual gobierno de Rodrigo Chaves.
El video ha sido objeto de una ola de críticas, ya que la Constitución Política de Costa Rica establece de manera clara en su artículo 12 que las fuerzas de seguridad no son deliberantes.
En otras palabras, la policía, como brazo operativo del Estado, debe ser obediente al poder civil y no participar en debates o disputas políticas.
Esta disposición existe para garantizar la neutralidad de las fuerzas de seguridad y evitar que se conviertan en una herramienta de presión política.
Sin embargo, con la publicación de este video, el gobierno ha sido acusado de instrumentalizar a la Fuerza Pública para defender su postura en una batalla cada vez más tensa con el Legislativo sobre el manejo de la seguridad interna.
El contenido del video: un llamado inesperado
El viernes por la noche, en un giro inusual para un país que ha logrado mantener a sus fuerzas policiales fuera del debate político, el gobierno difundió un video en el que participaron los directores de los principales cuerpos de seguridad, incluyendo la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria y el Servicio Nacional de Guardacostas.
En la grabación, los altos mandos policiales, junto al ministro de Seguridad, Mario Zamora, dirigieron un mensaje que ha sido percibido como un reproche directo a los legisladores, en particular a la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien había cuestionado la capacitación de los oficiales y las nuevas medidas implementadas por el gobierno para combatir el crimen organizado.
El jefe de la Policía de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, fue el más explícito, pidiendo directamente a Barquero que “los dejara trabajar” y asegurando que sus oficiales están debidamente entrenados tanto para manejar radios como para utilizar las armas que se les han asignado.
Estas declaraciones, acompañadas de un llamado a los diputados para que “respeten su uniforme”, fueron vistas por muchos como una incursión peligrosa de las fuerzas policiales en el terreno político, y han abierto un intenso debate sobre los límites del papel de la policía en la sociedad costarricense.
Críticas y reacciones desde la Asamblea Legislativa
El video ha sido fuertemente criticado por varios legisladores, así como por figuras de la sociedad civil, quienes ven en esta acción una amenaza a la estabilidad democrática del país.
La diputada Dinorah Barquero, centro de las críticas del video, afirmó que sus observaciones sobre el manejo de la seguridad no fueron un ataque a los cuerpos policiales, sino una crítica a la gestión del Ministerio de Seguridad.
Barquero subrayó que en su intervención durante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuestionó la falta de detalles en el Decreto Ejecutivo 44699-MP-SP del presidente Chaves, que autoriza a la Fuerza Pública a utilizar fusiles automáticos, una medida que, según la legisladora, no ha sido acompañada de suficiente transparencia ni capacitación.
Barquero respondió al video diciendo que las declaraciones de los oficiales no deben tomarse como un ataque personal hacia ella, sino como parte de una estrategia del Ejecutivo para desviar la atención de los problemas estructurales en la política de seguridad.
“Es preocupante que se use a los cuerpos policiales para este tipo de mensajes”, señaló la diputada, quien también recordó que el Legislativo ha luchado para asegurar los recursos necesarios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con su misión, a pesar de los recortes presupuestarios impulsados por el propio Ejecutivo.
El debate constitucional: ¿una policía deliberante?
Uno de los puntos más controvertidos del video es la aparente violación del artículo 12 de la Constitución, que establece que las fuerzas militares y de policía no son deliberantes.
Esto significa que las fuerzas de seguridad deben limitarse a cumplir con sus funciones operativas y no participar en debates políticos ni emitir opiniones colectivas sobre decisiones del poder civil.
Circula un video con una penosa puesta en escena de los jefes de los cuerpos de seguridad del país dirigiéndose en un tono desmesurado a nuestros congresistas por haber hecho uso de su derecho constitucional al control político.
El ministro actual emula el vulgar desplante que…
— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) October 12, 2024
Este principio ha sido clave en la historia democrática de Costa Rica, un país que abolió su ejército en 1949 y que ha logrado mantener una estabilidad política relativamente alta en comparación con sus vecinos centroamericanos.
Sin embargo, con el video, el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido acusado de cruzar una línea peligrosa y ha puesto en perspectivas mayores controles a su incidencia en las decisiones de seguridad y sanciones y penalidades a los autores de las críticas. Es decir, se visualizan castigo a la policía.
La expresidenta Laura Chinchilla fue una de las primeras figuras en condenar el video, calificándolo como “penoso” y recordando un incidente similar ocurrido hace tres décadas, cuando un ministro rodeó el Congreso con fuerzas policiales, lo que le costó el cargo.
Según Chinchilla, bajo la administración de Chaves, “si Costa Rica tuviera fuerzas armadas, ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas”.
Otros legisladores y analistas han señalado que el video no solo representa un uso indebido de la Fuerza Pública, sino que también pone en riesgo el delicado equilibrio de poderes en el país.
El uso de las fuerzas de seguridad para enviar mensajes políticos podría abrir la puerta a una politización de la policía, algo que en otros países ha tenido consecuencias desastrosas para la democracia.
La respuesta del ejecutivo
Por su parte, el gobierno ha defendido la difusión del video, argumentando que los cuerpos policiales tienen derecho a defenderse de las críticas injustas y a expresar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha respaldado el contenido del video, asegurando que no se trató de una intromisión en la política, sino de una defensa legítima de los oficiales que arriesgan su vida diariamente para proteger al país.
“Nuestros héroes de azul merecen respeto”, afirmó Zamora en una entrevista posterior a la publicación del video. “Ellos no están deliberando ni involucrándose en política, solo están defendiendo su dignidad y profesionalismo frente a declaraciones que los menosprecian”.
Un debate en desarrollo
El video de la Fuerza Pública ha desencadenado un debate que va más allá del incidente en sí, tocando temas fundamentales sobre la relación entre el poder civil y las fuerzas de seguridad en una democracia.
¿Es legítimo que la policía responda públicamente a los legisladores? ¿Dónde están los límites del uso político de las fuerzas de seguridad? Estas son preguntas que, en un momento de crisis de seguridad sin precedentes, se tornan cada vez más urgentes para Costa Rica.
Con la tasa de homicidios en cifras récord y el narcotráfico extendiendo su influencia en el país, el manejo de la seguridad pública se ha convertido en un tema central en la agenda nacional.
Sin embargo, el uso de la Fuerza Pública en debates políticos plantea el riesgo de socavar uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense: la subordinación de la policía al poder civil y su carácter no deliberante.
