La Policía Nacional de Panamá desarticuló esta semana una estructura criminal dedicada al fraude financiero y al blanqueo de capitales, que habría desfalcado más de $786,000 a la Caja de Ahorros, una entidad estatal. La operación, denominada “Fraude Total”, se ejecutó en conjunto con el Ministerio Público y dejó cinco personas capturadas, entre ellas el conocido influencer “Barto Flow”.
Según la Fiscalía Metropolitana, el grupo habría presentado avalúos hipotecarios falsificados para acceder ilegalmente a fondos de la Caja de Ahorros. Las investigaciones apuntan a que los hechos comenzaron a gestarse desde 2022, cuando se detectaron movimientos bancarios sospechosos, particularmente vinculados al creador del podcast “Flow La Música”.
La audiencia de solicitudes múltiples contra los cinco aprehendidos se llevó a cabo en la sala 5 del Sistema Penal Acusatorio, donde se espera la legalización de las capturas, la formulación de cargos y la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía acusa a los involucrados de atentar contra el orden económico y el sistema bancario del país.
Uno de los nombres que más ha generado repercusión es el de “Barto Flow”, quien, de acuerdo con la investigación, habría recibido más de $30,000 producto del fraude. Además del influencer, fueron detenidos otros cuatro sospechosos —cuatro hombres y una mujer— por su presunta implicación en los delitos financieros.
Durante los allanamientos realizados en Ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, las autoridades incautaron un arma de fuego con 15 municiones, además de documentación clave que permitirá fortalecer las pruebas ante el tribunal competente.
El abogado defensor de “Barto Flow”, Víctor Orobio, criticó el accionar del Ministerio Público y aseguró que su cliente habría colaborado si hubiese sido citado. “No era necesario hacerle este daño reputacional”, dijo Orobio, señalando que el único vínculo que la Fiscalía tiene hasta ahora es una transferencia entre familiares.
“El señor Barto hubiera comparecido voluntariamente para dar explicaciones, sin necesidad de aprehensión ni allanamiento”, añadió el defensor legal, quien denunció un trato desproporcionado hacia una figura pública sin pruebas contundentes.
