La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a más de 25 organizaciones internacionales, regionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión denunciaron un clima de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios en Honduras, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Según el pronunciamiento, la situación ha escalado en gravedad debido a recientes declaraciones de altos mandos militares, sumadas a presiones judiciales, vigilancia digital y censura indirecta. Estos elementos, advierten, configuran un entorno incompatible con los principios democráticos y los estándares internacionales de libertad de prensa.
Entre los casos señalados, la SIP destacó los señalamientos públicos del alto mando de las Fuerzas Armadas, que acusó a medios de llevar a cabo “campañas disfrazadas de cobertura periodística”, y de estar supuestamente vinculados a estructuras del crimen organizado. Estas declaraciones buscan desacreditar el trabajo de la prensa independiente, señalaron.
También recordaron que en febrero las autoridades militares amenazaron con demandar judicialmente a 12 medios hondureños para obligarlos a revelar sus fuentes informativas, mientras que en mayo, un canal oficial calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, reforzando la narrativa de estigmatización institucional.
El medio digital Criterio.hn denunció, además, haber sido blanco de ataques sistemáticos, incluyendo intervenciones en sus redes sociales, campañas de difamación y solicitudes judiciales para revelar fuentes sobre investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción y narcotráfico.
Estas agresiones, sostienen las organizaciones, no son hechos aislados sino parte de un patrón sistemático de intimidación, que aumenta los riesgos para los periodistas que cubren temas políticos, crimen organizado o corrupción en un clima electoral tenso y de creciente confrontación institucional.
La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por entidades como Reporteros sin Fronteras, CPJ, Artículo 19 y FLIP, documentó una preocupante falta de garantías para ejercer el periodismo libremente, así como vigilancia y presiones provenientes de sectores estatales y militares.
Frente a esta situación, las organizaciones exigieron al Estado hondureño garantizar la seguridad de los periodistas, abstenerse de cualquier acto de estigmatización, investigar agresiones y fortalecer el Sistema Nacional de Protección. También pidieron al Consejo Nacional Electoral reafirmar la neutralidad política de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional, incluida la OEA, la ONU, la Unión Europea y misiones de observación electoral, para que incluyan en sus informes un seguimiento específico a las condiciones de libertad de prensa antes, durante y después de las elecciones generales.
