En su primer día como presidente, Donald Trump emitió el lunes una orden ejecutiva que suspende el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), dejando en el limbo a miles de solicitantes que esperaban reasentarse en el país.
La medida afecta particularmente migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala y Ecuador en América Latina.
La suspensión entrará en vigor el 27 de enero de 2025, afectando directamente el programa Movilidad Segura, implementado durante el gobierno de Joe Biden y que facilitaba el traslado seguro de refugiados con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El anuncio representa un golpe a los esfuerzos de miles de familias desplazadas y exiliadas que, desde países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, gestionaban su traslado a través de este programa.
Movilidad Segura había sido una herramienta clave para agilizar los procesos de refugio, reducir los riesgos asociados con la migración irregular y garantizar la seguridad de los solicitantes en tránsito.
En su orden ejecutiva, Trump justificó la suspensión al señalar que el programa había generado “niveles récord de migración” y que Estados Unidos carece de la capacidad para absorber un flujo tan elevado sin comprometer la seguridad, los recursos y la capacidad de asimilación de los refugiados.
La medida incluye una revisión integral del programa y condiciona su reanudación a un informe que será presentado dentro de 90 días por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado.
Impacto en solicitantes y organizaciones humanitarias
La cancelación de Movilidad Segura deja en la incertidumbre a miles de solicitantes que ya habían iniciado sus trámites.
Muchos de ellos, desplazados por crisis políticas y económicas en sus países de origen, dependían de este programa para acceder a un reasentamiento seguro en Estados Unidos.
“Esta decisión pone en riesgo la vida de miles de personas que huyen de la persecución y la violencia. Estados Unidos tiene una responsabilidad moral y legal de proteger a los refugiados”, expresó un activista nicaragüense de derechos humanos en Costa Rica..
Respuesta de los países afectados
En Costa Rica y Colombia, 2 de los principales países de acogida para migrantes nicaragüenses y venezolanos, respectivamente, los beneficiarios han advertido sobre el impacto inmediato de la decisión en sus redes sociales.
Según datos del Departamento de Estado, el programa “Movilidad Segura” estaba destinado a beneficiar a 125,000 personas en el año fiscal 2025, de los cuales al menos 30.000 personas ya habían viajado a Estados Unidos desde su implementación, ofreciendo una alternativa legal y segura frente a los peligros de rutas migratorias irregulares.
Un giro en la política migratoria
La orden ejecutiva también revoca una disposición firmada por Joe Biden en 2021 que buscaba fortalecer el reasentamiento de refugiados y prepararse para los desafíos migratorios derivados del cambio climático.
La administración Trump, en cambio, ha establecido como prioridad la restricción de la migración, tanto regular como irregular, argumentando la necesidad de proteger los intereses nacionales.
La suspensión del USRAP es parte de una estrategia más amplia de Trump para reforzar las políticas migratorias restrictivas, devolviendo a los estados y gobiernos locales mayor control sobre la reubicación de refugiados en sus jurisdicciones.
Mientras tanto, miles de refugiados que esperaban una respuesta positiva ven cómo sus sueños de seguridad y estabilidad se desvanecen, en un contexto de creciente incertidumbre y tensiones migratorias en toda la región.
