La compañía guatemalteca de telefonía Comunicaciones Celulares S.A., conocida comercialmente como Tigo Guatemala, acordó pagar más de $118 millones al Gobierno de Estados Unidos para resolver una investigación criminal que reveló una trama sistemática de sobornos a funcionarios guatemaltecos, algunos de los cuales fueron financiados con dinero proveniente del narcotráfico, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
El DOJ reveló que la compañía firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) de dos años, tras ser acusada de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
La denuncia fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida y detalla que, entre 2012 y 2018, Tigo Guatemala pagó mensualmente —y en muchos casos en efectivo— a diputados del Congreso guatemalteco y sus equipos de seguridad, a cambio de apoyo político para leyes favorables a la compañía.
“El esquema fue orquestado por un exaccionista guatemalteco y otros altos funcionarios de la empresa”, indicó el DOJ que advierte que parte de los fondos utilizados para los pagos ilícitos fueron provenientes del lavado de activos del narcotráfico.
Penalización millonaria
Como parte del acuerdo judicial, Tigo Guatemala pagará una multa penal de $60 millones y $58,198,343 en decomiso administrativo. Además, tanto Tigo como su casa matriz, Millicom, se comprometieron a cooperar con futuras investigaciones del DOJ y a fortalecer sus programas internos de cumplimiento.
El acuerdo considera que Millicom reportó de forma voluntaria en 2015 las sospechas de corrupción. No obstante, el entonces socio local impidió a la matriz acceder a información clave, bloqueó investigaciones internas y evitó que se tomaran medidas disciplinarias.
Aunque la primera fase de la investigación fue cerrada en 2018, el DOJ reabrió el caso en 2020 tras obtener nueva evidencia independiente, que confirmó que los actos delictivos continuaron incluso después del cierre inicial.
Medidas correctivas
Millicom adquirió el control total de Tigo Guatemala en 2021 y desde entonces ha implementado amplias reformas internas, entre ellas:
Despido del personal involucrado.
Nuevas políticas de monitoreo de terceros y transacciones.
Incorporación de análisis de datos y supervisión automatizada.
Creación de sistemas para controlar y auditar mensajes efímeros.
Entrenamiento masivo sobre anticorrupción.
Aumento del personal dedicado al cumplimiento en un 800 %.
El DOJ valoró la colaboración “sustancial” de la empresa durante la segunda etapa de la investigación. “Millicom y Tigo Guatemala aceptaron responsabilidad y entregaron información crucial”, explicó la institución.
Gracias a estas acciones, el DOJ aplicó una reducción del 50 % sobre la pena mínima contemplada por ley, y limitó el plazo del acuerdo a dos años.
El FBI continúa investigando el caso, y según el comunicado, ya se han presentado cargos penales en los distritos del sur de Florida y California contra cuatro personas implicadas en la trama de corrupción.
