El rezago de las obras amenaza con profundizar los problemas de movilidad y competitividad en el área metropolitana, donde transportistas y empresas enfrentan mayores tiempos de viaje y costos logísticos.
Un informe de julio de 2026 de la Comisión de Infraestructura del plan Guatemala No Se Detiene señala que cinco de las iniciativas continúan en ejecución, aunque con avances limitados, mientras las siete restantes permanecen atrapadas en distintas etapas administrativas.
Al cierre del primer semestre, la Dirección General de Caminos había utilizado 553 millones de quetzales ($72.5 millones), equivalentes al 30% de su presupuesto. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ejecutó 635 millones de quetzales ($83.3 millones), apenas el 20% de sus recursos asignados.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también confirmó que los 94 proyectos programados para 2026, valorados en 1,300 millones de quetzales ($170.4 millones), fueron diseñados durante el gobierno anterior. La actual administración todavía no ha incorporado obras propias a esa cartera, según República.
El Anillo Regional C-50 refleja las dificultades del sistema. La obra, estimada en Q12,600 millones ($1,652 millones), comprende ocho tramos, pero el presupuesto de este año solo contempla recursos para dos.
El tramo VIII registra cerca del 53% de avance, mientras el VI alcanza el 14%, pese a haber recibido más de Q200 millones ($26.2 millones).
La inestabilidad institucional ha complicado todavía más la continuidad de los proyectos: el ministerio ha tenido cinco titulares desde 2024 y el Viceministerio de Infraestructura ha cambiado seis veces de responsable.
Los retrasos mantienen pendiente una infraestructura que podría reducir entre tres y cuatro horas los recorridos y mejorar la conexión logística de Guatemala con el resto de Centroamérica.
