La contratación de militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) para brindar seguridad en hospitales estatales sigue levantando polvo en Honduras y mientras los funcionarios de la administración de Xiomara Castro justifican la medida, opositores políticos insisten en que es una medida que “busca oficialmente paramilitarismo” colectivos como parte de una estrategia “socialista”.
El expresidente Porfirio Pepe Lobo (2010-2014) dijo que detrás del plan está el derrocado Manuel Mel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria.
“Lo que está buscando Mel es tener a la gente de los colectivos armados para cuando venga el proceso electoral, ya sea para robar urnas o tantas cosas más”, acusó.
Dijo, además, que la medida es “irresponsable” y que debido a las contrataciones pueden surgir problemas.
La Secretaría de Salud justificó la decisión y aseguró que el personal contratado está capacitado para las funciones que desempeñará.
“Este nuevo personal ha pasado un proceso riguroso de pre selección bajo criterios de seguridad hospitalaria, evaluación de perfiles, capacitación y selección de personal para cada cargo o puesto de seguridad necesario en nuestro hospital, además, se ha capacitado al capital humano en temas como: atención al paciente con orientación en derechos humanos, sensibilidad social, respeto a la figura humana y técnicas de seguridad hospitalarias sin utilización de armas de fuego o letales”, dijo en un comunicado.
Por su parte, el diputado de Libre, Juan Barahona, alegó que la campaña que se ha generado en contra de la decisión es “por haberle cancelado a una empresa privada el contrato del servicio de seguridad en el Hospital Escuela (el principal centro médico estatal del país)”.
Agregó que la firma que fue retirada como responsable de la vigilancia “debe millones en impuestos” a la alcaldía del Distrito Central y al Estado.
En medio de los reclamos, el Partido Nacional, la principal fuerza opositora del país, emitió un comunicado en el que llamó a la presidenta a cumplir con sus promesas y que ahora “tiene en el olvido”.
Honduras hace un llamado a todos los nacionalistas del país en particular y al pueblo hondureño en general a levantar la voz en defensa de la institucionalidad y a exigir el cumplimiento de las promesas que el actual gobierno mantiene en el olvido.
“Prometieron reducir el desempleo y generar oportunidades, hoy por hoy sus decisiones han generado 130,000 desempleos directos sólo entre 2022 y 2023, las exportaciones del café, rubro del que viven 190,000 familias hondureñas, cayeron en 41 millones de dólares, la derogación de la ley de empleo por hora genera que 80,000 jóvenes no logren espacios temporales para trabajar y en los últimos meses 250 fincas de camarón cerraron sus operaciones, provocando la pérdida directa de 10,000 empleos”, dijo el instituto político.
Además, cuestionó los resultados de seguridad pública, alegando que el país afronta elevados índices de criminalidad y reclamó porque Castro y su esposo “han convertido al Estado en una entidad casi monárquica, donde una sola familia ocupa todos los espacios al interior de su partido y todos los espacios de gobierno”.
Familiares y allegados de la presidenta ocupan varios de los principales cargos de Estado, como su hijo, Héctor Zelaya, quien es su secretario privado, o su sobrino, José Manuel Zelaya, ministro de Defensa
El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, defendió la contratación, aunque aseguró que “es importante que los colectivos se concienticen” sobre el rol que desempeñarán.
