La Sala Constitucional de Costa Rica declaró con lugar un recurso de amparo a favor de una mujer de 63 años que había recibido una cita médica para dentro de 22 años, en un caso que expone la gravedad de las listas de espera en el sistema público de salud del país.
La paciente, diagnosticada con osteoartrosis de rodilla por genu varo —una condición que deforma las piernas y limita la movilidad—, fue remitida al servicio de Ortopedia del Hospital de San Carlos, donde el 7 de septiembre de 2025 le asignaron una valoración para el 22 de noviembre de 2047.
El tribunal consideró que ese plazo resultaba “irrazonable” y violaba su derecho a la salud, así como los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Tras la notificación del recurso, el hospital adelantó la cita al 24 de abril de 2026, una fecha que ahora deberá cumplirse de forma obligatoria.
La resolución ordena a las autoridades médicas coordinar lo necesario para garantizar la atención oportuna de la paciente y definir su tratamiento, incluso mediante la derivación a otro centro si fuera necesario.
Además, advierte que el incumplimiento podría acarrear sanciones penales para los responsables.
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Un síntoma de un problema mayor
Aunque el caso parece excepcional por la magnitud del retraso, especialistas y datos oficiales coinciden en que no se trata de un hecho aislado.
Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzan niveles críticos.
En total, alrededor de 1,3 millones de personas esperan algún tipo de atención, ya sea cirugías, consultas externas o procedimientos diagnósticos.
Solo en intervenciones quirúrgicas, unas 200.000 personas permanecen en lista, con tiempos promedio que superan los 430 días de espera.
Las consultas con especialistas agrupan a más de 340.000 pacientes, con esperas que rondan entre 567 y 573 días, es decir, más de un año y medio.
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Citas a décadas: una práctica que se repite
En áreas como ortopedia —precisamente la que afecta a la paciente amparada— los plazos pueden superar los 600 o incluso 700 días.
Los procedimientos diagnósticos, como ultrasonidos o radiografías, tampoco escapan a la saturación: acumulan cientos de miles de casos con demoras promedio cercanas desde los seis meses hasta los 10 años.
El señalamiento de citas a muy largo plazo se ha convertido en una práctica recurrente en algunos servicios. Casos documentados incluyen pacientes citados para 2054, es decir, con casi tres décadas de espera, lo que refleja el colapso en determinadas especialidades.
Expertos señalan que estas programaciones no responden a una planificación realista, sino a una forma de “gestionar” la saturación del sistema, trasladando la presión hacia el futuro sin resolver la demanda acumulada.
Déficit de especialistas y crisis institucional
Entre las causas principales figura el déficit de médicos especialistas. Proyecciones recientes estimaban en 2025 un faltante de al menos 400 profesionales en áreas críticas.
A esto se suma una tendencia sostenida de renuncias, con entre 80 y 100 especialistas que abandonan el sistema cada año, debido a sobrecarga laboral, condiciones salariales y desgaste profesional.
La CCSS mantiene una declaratoria de emergencia institucional, prorrogada hasta agosto de 2026, precisamente por la crisis en listas de espera.
Murieron esperando
El impacto humano también resulta significativo. Entre 2023 y 2025, unas 5.700 personas fallecieron mientras aguardaban una cirugía, un promedio de ocho por día, aunque las autoridades sanitarias matizan que no todos los casos se vinculan directamente con la demora.
Ante este panorama, el recurso de amparo ante la Sala Constitucional se ha convertido en una herramienta frecuente para forzar la atención médica. En muchos casos, como el de esta mujer, la simple admisión del recurso acelera la reprogramación de citas.
Sin embargo, analistas advierten que esta solución individual no sustituye una reforma estructural. El sistema de salud costarricense, reconocido históricamente por su cobertura universal, enfrenta hoy un desafío de sostenibilidad y eficiencia que pone en entredicho su capacidad de respuesta.
El caso de la paciente de 63 años no solo corrige una injusticia puntual, sino que revela una tensión creciente entre el derecho constitucional a la salud y las limitaciones reales de un sistema desbordado.
