El Gobierno de Guatemala oficializó la ejecución del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026-2036. La medida busca fortalecer las acciones de resarcimiento, atención integral y reconocimiento para las personas afectadas por ese período de violencia.
La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 100-2026, firmado el pasado 16 de junio. El documento ordena a distintas instituciones del Ejecutivo desarrollar acciones para asegurar el cumplimiento del programa durante los próximos diez años.
El director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Elvyn Díaz, explicó que la estrategia contempla 6 ejes principales. Entre ellos figuran el cierre del Programa Nacional de Resarcimiento, la creación de una estructura institucional para ejecutar el nuevo plan y la implementación de medidas de restitución y rehabilitación.
Según Díaz, la iniciativa también incluye mecanismos de satisfacción y garantías para evitar la repetición de hechos similares.
“El objetivo es garantizar el derecho a la reparación de las víctimas civiles del conflicto armado interno y contribuir a su dignificación”, afirmó el funcionario.
Medidas incluyen salud, vivienda y apoyo económico
Las autoridades detallaron que el programa contempla acciones en diferentes áreas sociales. Entre ellas figuran atención médica, acceso a educación, programas de vivienda y reparaciones económicas para las víctimas.
Además, el plan prevé medidas vinculadas con la recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de personas desaparecidas y el fortalecimiento de estrategias de prevención de la violencia.
Las autoridades consideran que estas acciones buscan ampliar el alcance de los mecanismos de reparación integral y atender necesidades pendientes de las comunidades afectadas.
Nuevo registro definirá a los beneficiarios
Uno de los principales retos identificados por las autoridades consiste en actualizar la identificación de las personas afectadas por el conflicto.
Por ello, una de las primeras acciones será la creación del Registro Único de Víctimas. Este mecanismo permitirá identificar y acreditar a quienes podrán acceder a los beneficios del programa.
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos señaló que este proceso busca generar una base de datos actualizada para facilitar la ejecución de las medidas.
Varias instituciones participarán en la ejecución
La implementación del plan requerirá la coordinación de al menos 9 instituciones estatales. Entre ellas se encuentran los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Agricultura, Cultura, Comunicaciones, Trabajo y Gobernación.
También participará la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mientras tanto, representantes de organizaciones de derechos humanos señalaron que el desafío principal no se limita a crear nuevas estructuras administrativas. También consideran necesario avanzar en compromisos pendientes relacionados con la reparación de las víctimas.
El activista Amílcar Méndez indicó que las medidas de justicia transicional representan una responsabilidad estatal que supera los cambios de gobierno. Con la oficialización del acuerdo, el Ejecutivo busca reactivar una agenda enfocada en la reparación integral y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno.
El conflicto armado interno de Guatemala se extendió durante 36 años, entre 1960 y 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estimó que el período dejó más de 200 mil víctimas entre personas asesinadas y desaparecidas. El informe también indicó que el 83 % de las víctimas identificadas pertenecía a pueblos indígenas mayas y atribuyó el 93 % de las violaciones a los derechos humanos a fuerzas estatales y estructuras vinculadas al Estado. Además, entre 500 mil y 1.5 millones de personas sufrieron desplazamiento, refugio forzado o abandonaron sus comunidades por la violencia.
