Las autoridades de Guatemala mantienen la alerta por el incremento de niños y adolescentes vinculados a estructuras criminales. Esto ocurre luego de que más de 3,500 menores fueran remitidos a juzgados por conflicto con la ley penal durante los últimos cinco años.
Las investigaciones de seguridad indican que las pandillas continúan utilizando métodos progresivos para captar adolescentes en sectores vulnerables del país. En muchos casos, el acercamiento inicia con tareas consideradas menores, como vigilancia de movimientos policiales, traslado de objetos ilícitos o apoyo en cobros de extorsión.
Con el paso del tiempo, varios de esos menores terminan involucrados en hechos violentos, incluidos ataques armados y enfrentamientos entre grupos rivales. El Ministerio de Gobernación reconoció que incluso han detectado adolescentes utilizados como “gatilleros” dentro de estructuras criminales.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Solo durante 2023 fueron remitidos 1,025 menores a juzgados, la cifra más alta registrada en los últimos años. En lo que va de 2026, las autoridades ya reportan 290 casos adicionales.
Menores y crimen organizado
Aunque las instituciones aclaran que no todos los adolescentes remitidos pertenecen directamente a pandillas, sí reconocen una presencia constante de menores en actividades relacionadas con el crimen organizado y redes de extorsión.
La Procuraduría General de la Nación identificó patrones comunes entre los adolescentes captados. Entre ellos están la inestabilidad familiar, poca supervisión de adultos, abandono emocional y permanencia frecuente en calles o espacios públicos sin control.
Las autoridades también detectaron que algunos menores reportados varias veces como desaparecidos mediante alertas Alba-Keneth posteriormente aparecen vinculados a estructuras criminales o actividades ilícitas.
Entre los sectores donde se ha identificado participación de menores en extorsiones, vigilancia para pandillas y portación ilegal de armas figuran la zona 18, zona 1, Villalobos, zona 12 y El Búcaro, considerados puntos con alta presencia de grupos criminales.
La Policía Nacional Civil mantiene programas preventivos en escuelas y comunidades consideradas de riesgo; sin embargo, las autoridades admiten que el problema requiere fortalecer la prevención social, el acompañamiento familiar y las oportunidades para miles de adolescentes expuestos al avance de las pandillas.
