Las calles de Panamá se preparan para seguir de escenario de protestas masivas, en una crisis social que ya suma más de tres semanas y que afecta directamente la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Lo que comenzó como una oposición a la controvertida Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), se ha transformado en una semiparalización nacional con bloqueos de carreteras, suspensión de servicios básicos y creciente tensión entre manifestantes y fuerzas del orden.
La magnitud de la movilización es notable: docentes en paro indefinido desde el 23 de abril, el poderoso sindicato de la construcción Suntracs, trabajadores bananeros, indígenas Ngäbe Buglé, farmacéuticos y médicos se han unido en un frente común que refleja el profundo malestar con las decisiones gubernamentales. Los cierres de vías afectan regiones estratégicas como Veraguas, Chiriquí, Colón, Panamá Oeste y la Ciudad de Panamá, con más de un centenar de puntos de protesta activos.
Pero más allá del rechazo específico a la reforma de la CSS, las protestas han incorporado nuevas demandas, como la oposición al reciente acuerdo de seguridad con Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas estadounidenses cerca del Canal de Panamá. Este punto ha encendido alarmas sobre la soberanía nacional, pese a que el gobierno asegura que no se instalarán bases militares permanentes.
Una historia que se repite: 2022, 2023 y ahora 2025
Panamá ya conoce este tipo de estallidos. En 2022, miles protestaron por el aumento del costo de vida, exigiendo controles de precios y reformas estructurales. En 2023, fue el contrato minero el que desató una ola de rechazo que terminó en la derogación del polémico acuerdo con Minera Panamá. Hoy, en 2025, la protesta se enfoca en la reforma al Seguro Social, pero el patrón es el mismo: decisiones gubernamentales sin consenso social, una oposición diversa y activa, y una respuesta institucional que llega tarde y bajo presión.
Las calles parecen haberse consolidado como el canal por el cual los ciudadanos buscan ser escuchados, en un contexto donde los espacios de diálogo institucional tienen baja credibilidad o eficacia limitada. El fenómeno no solo evidencia el malestar, sino también la falta de mecanismos políticos para procesar el conflicto sin recurrir al colapso del orden cotidiano.
Impacto económico y social: un país detenido
El efecto acumulativo de las protestas ya deja consecuencias económicas visibles. Ernesto Orillac, empresario del sector turismo y miembro de la Cámara de Turismo, advirtió que los bloqueos han provocado una disminución en la llegada de visitantes internacionales, cancelaciones masivas de reservas y un panorama sombrío para los próximos meses. “Tenía una expectativa importante de crecimiento y ahora todo se ha venido abajo”, afirmó.
Panamá nos necesita unidos 🇵🇦.
En estos momentos de tensión y confrontación, queremos recordar que todos somos panameños, hijos de una misma tierra que nos ha visto crecer con esperanza y lucha. Las diferencias son parte de la democracia, pero la violencia y la división solo nos… pic.twitter.com/daO6EpKo8o
— Ana Giselle Rosas (@Anagrosas) May 15, 2025
La situación también golpea la educación: estudiantes sin clases, docentes sin poder movilizarse y escuelas cerradas por tiempo indefinido. En el sector salud, los retrasos en atención médica y el acceso limitado a insumos y personal agravan la presión sobre un sistema ya frágil.
Mientras tanto, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha optado por medidas de contención policial. La Policía Nacional reporta cientos de detenidos por obstrucción del libre tránsito y desórdenes públicos, y ha usado gases lacrimógenos para dispersar protestas, especialmente en la vía Interamericana. El Ejecutivo insiste en que su prioridad es garantizar el libre tránsito y restaurar la normalidad, pero la falta de una ruta clara de diálogo agrava la percepción de desconexión entre el poder y la ciudadanía.
Sobre el cierre de calles y las protestas protagonizadas por grupos sindicalistas, el presidente Mulino fue enfático al señalar que mantendrán el país comunicado al costo que sea.
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¿Hacia dónde va Panamá?
El país parece atrapado en un ciclo donde la protesta se ha convertido en el lenguaje común entre sectores inconformes y un Estado que reacciona más que prevé. La falta de confianza en las instituciones, sumada a una ciudadanía cada vez más activa y consciente de su poder de movilización, hace pensar que Panamá seguirá siendo un terreno fértil para las manifestaciones sociales, al menos mientras los canales democráticos no se fortalezcan.
Hoy, el debate no solo gira en torno a la CSS o la soberanía nacional. La verdadera interrogante es cuánto más puede resistir la sociedad panameña sin resolver sus conflictos de fondo y si sus dirigentes están dispuestos a escuchar más allá de las barricadas.
