La organización Fundación del Río denunció este 1 de abril el avance acelerado y sin control de la minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM), al sureste de Nicaragua.
El organismo responsabilizó directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de permitir y encubrir esta actividad, que representa un grave daño ambiental y una violación a los derechos territoriales del pueblo indígena Rama y afrodescendiente Kriol.
Según el informe “Denuncia Ambiental N° 02-2025”, difundido este primero de abril, la actividad minera ilegal se ha expandido como “un cáncer” en el sector conocido como Las Cruces, que en tres años pasó de ser un pequeño enclave minero a un asentamiento informal de 250 hectáreas, con más de 700 champas de plástico y zinc, y una población fija superior a las 3.000 personas.
La zona, ubicada dentro de la reserva y del territorio indígena Rama-Kriol, ya cuenta con bares, una iglesia y se reporta la presencia de prostitución y tráfico de drogas provenientes de Costa Rica, al igual que el ingreso de mercurio, cianuro y maquinaria para la extracción del oro.
“El régimen Ortega-Murillo actúa negligentemente y es cómplice de este proceso de deterioro ambiental”, afirma el documento. La organización —cuya personería jurídica fue cancelada en 2018 por el gobierno— continúa sus labores de monitoreo con tecnología satelital y el apoyo de la población local.
El Ejército confirma, pero no actúa
Pese a que el Ejército de Nicaragua ha confirmado la existencia de la minería en la RBIM en al menos 22 notas informativas entre 2023 y 2025, sus acciones se han limitado a retenes en el Río San Juan. Las instituciones ambientales y mineras del país no han emitido ningún pronunciamiento oficial.
El Ejército ha decomisado 66 tómbolas metálicas, 1.429 balines de acero, más de 3 quintales de cianuro, 30 galones de ácido muriático y 400 galones de combustible, además de explosivos, armas y dinero en efectivo equivalente a más de 200.000 dólares, según el comunicado. También se reportó la detención de 45 personas, dos de ellas de nacionalidad costarricense.
No obstante, la inacción del Estado ha permitido que los mineros ilegales —conocidos como “güiriseros”— abran nuevas rutas y se expandan hacia otros puntos dentro de la reserva, como el sector Piedra Fina, ubicado sobre el Río Caño Negro. Este nuevo enclave, que se conecta ya con Las Cruces, suma el cuarto punto minero activo dentro de la RBIM y el tercero en el territorio Rama-Kriol.
Violaciones ambientales y territoriales
Fundación del Río recordó que la legislación nicaragüense —incluida la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Protegidas— prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad minera dentro de las reservas biológicas. También lo establece la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas.
“Estamos ante una política de facto de destrucción ambiental y desplazamiento silencioso de pueblos indígenas y afrodescendientes, mientras el régimen sigue pidiendo financiamiento internacional para proteger las reservas”, advirtió la organización.
Las imágenes satelitales comparadas entre 2022 y 2025 muestran una dramática expansión de la deforestación, apertura de caminos ilegales y proliferación de asentamientos vinculados a la minería ilegal en lo profundo de uno de los últimos pulmones naturales de Centroamérica.
