José M. Sánchez estaba curándose de los traumas de la violencia vivida en Nicaragua en 2018, cuando los recuerdos de aquellas noches volvieron a su memoria al escuchar ráfagas de AK a medianoche en la zona de Alajuelita, al suroeste de la ciudad de San José.
Vive ahí con sus 2 hijos desde noviembre de 2018, cuando salió de Chinandega por la persecución de paramilitares que lo vinculan a las protestas sociales de abril a julio en el departamento.
“A mí me sentenció a muerte Chamaya (José Manuel Espinoza), secretario político del Frente Sandinista en Chinandega, porque yo estuve ayudando a escapar a los estudiantes que la policía y los paramilitares de Chamaya andaban buscando para asesinar”, relata Sánchez, comerciante informal nicaragüense que se exilió en Costa Rica.
Dice que una vez en julio, los paramilitares dispararon varias ráfagas de AK enfrente de su casa en una caravana sandinista y toda su familia pensó que lo iban a asesinar.
Luego huyó a Managua a esconderse en casa de una hermana, pero supo que a su hijo lo andaban siguiendo para obligarlo a revelar dónde se encontraba.
Migró finalmente a Costa Rica con su hijo mayor y parte de la familia. Dice que hasta la fecha, aunque ya venía advirtiendo el riesgo de la presencia delictiva en Costa Rica, nunca había sentido tanto miedo como en el último año.
“Aquí a uno le dicen los vecinos, los amigos nicas y los ticos, que hay mucha venta y consumo de drogas, pero que es tranquilo y no se meten con la gente”, pero ya son más de ocho meses que por las noches, se oyen disparos cercanos a su barrio.
“Ahora nos enteramos que la OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y la policía contra la droga quebraron un cartel a unas cuadras de la casa. Creímos que se iban a tranquilizar las cosas, pero se puso peor. Después del quiebre se dan balazos todas las noches”, dice.
Una de esas noches, mientras se preparaba a descansar un viernes, lo sobresaltó una larga ráfaga de AK seguida de disparos de otra arma corta, pero el sonido seco y aterrador de las balas frente a su casa, le revivieron aquellos violentos días de terror en Nicaragua.
“Ahora ya no me siento muy tranquilo porque me da miedo que a mi familia, o a mí, nos den una bala perdida un día de estos. Aquí la violencia se ha puesto fea”, dice Sánchez.
Vivir bajo terror
Una familia nica que vivía hasta hace 2 meses en la provincia de Cartago, al este de San José, tuvo que abandonar el cuarto que rentaban porque en la calle donde vivían unos motorizados asesinaron a un joven colombiano que supuestamente era expendedor de drogas.
“A plena luz del día, en la calle, lo acribillaron. Acabábamos de desayunar y ya íbamos al mercado cuando oímos los balazos y las carreras. Ahí quedó el pobre muchacho tendido y los sicarios se fueron en motos”, dice.
Igual que Sánchez, esta familia huyó de Masaya por la represión violenta de la dictadura sandinista en 2018. Fueron varios meses en que la policía y los paramilitares asediaron la ciudad a punta de ráfagas y asesinaron a decenas de jóvenes protestantes.
Al llegar a Costa Rica en diciembre de ese año, estuvieron alquilando en San José, pero el alto costo de la vida en la capital los obligó a buscar una renta más barata y la hallaron en una zona del Valle del Cauca, en Cartago.
Empeoró desde 2022
Ahí habían estado ya desde 2021, y se sentían cómodos, pero desde 2022 empezaron a percibir el peligro por balaceras nocturnas, los patrullajes policiales y el hallazgo de cuerpos ejecutados a tiros en los municipios de los alrededores.
Ya cuando presenciaron el cuerpo del sicario a pocos metros de la esquina de su cuadra, entraron en miedo y buscaron una zona más céntrica, aunque eso implica gastar más en renta.
El problema, dice “Santos”, una señora nicaragüense que igual se trasladó de Guanacaste a San José este año, buscando alejarse de una zona que se había estado llenando de distribuidores de droga, es que al venir a la capital a casa de una familiar, se da cuenta que “los fumones andan por todos lados”.
“Vea aquí yo miro que es peor, porque uno mira a los chavalitos, jovencitos, mujeres, en plena calle, fumando marihuana, lo cual quiere decir que hay ventas de drogas por todos lados. Es verdad que hay más presencia policial, más patrullas y motos, pero hay más gente fumando y donde hay drogas, hay mafias y sicarios”, comenta en el parque La Merced.
A ella le mataron a un sobrino en las protestas de Jinotega y huyó con su hermana por temor a represalias por haber denunciado el asesinato de su sobrino ante los derechos humanos.
Dice que agradece muchísimo la hospitalidad y el cariño de muchos costarricenses, que le han ayudado a salir adelante, pero expresa que “con mucha pena” ella ve que el país que le dio acogida “se está saliendo de control”.
“Vea, aquí hay barrios donde los asaltos son seguidos de jóvenes buscando plata para comprar drogas. Un loco de esos con pistola, se le escapa un tiro, ni quiera Dios, hasta ahí llegamos”, dice.
Admisión estatal: luchas de carteles
Las estadísticas, en cierto modo, le dan la razón a la señora. Hasta este octubre los homicidios superan los 680, mucho más que las muertes de todo 2022. Las autoridades atribuyen este aumento de la violencia, a la disputa por territorios de carteles que operan en Costa Rica.
Informaciones diversas señalan la presencia del cártel de Sinaloa (México), de Jalisco Nueva Generación (México) y del Clan del Golfo (Colombia).
La OIJ reportó en agosto pasado que solo en San José, se identificaban más de 1,000 búnkeres (almacenes y pequeños distribuidores de drogas).
Para este reporte, igual hablamos con un exiliado político que vino en 2021, por pertenecer a una organización política que aspiraba participar en las elecciones que finalmente la dictadura de Daniel Ortega se recetó fraudulentamente.
Dice que cuando vino supo que había un problema de consumo de drogas, pero que era considerado “normal” incluso por familias costarricenses, pero que de 2022 a la fecha, sus vecinos costarricenses, nicas y colombianos, viven con temor por el aumento de la violencia.
Él habita en una zona popular de San José llamada Hatillos 6. Dice que si bien el barrio siempre fue considerado “agitado”, nunca habían sentido tanto peligro como ahora.
“En febrero mataron a un hombre que se dedicaba al narcomenudeo. No se metía con nadie, pero todos sabíamos que andaba en ese mundo. En marzo mataron a dos de aquí cerca y en abril desaparecieron a uno y solo las manos encontraron en una bolsa. Cuando uno oye esas cosas, en el lugar donde uno vive, es para vivir en terror”, dice “Carlos”.
Por razones de trabajo y economía dice que se ha quedado en Hatillos, pero que no ha dejado de visualizar unas zonas “menos rojas” donde puedan vivir sin temor.
Una de sus metas, dice, era adquirir un crédito para buscar un terreno o una casita de segunda y dejar de pagar renta “para pagar una casita propia”, pero ahora piensa mejor rentar una casa en un lugar más seguro. “Veré si logro sacar a mis dos hijos a Estados Unidos, porque me da miedo que me les vayan a hacer algo”, explica.
Las comunidades de nicaragüenses, muchos de los cuales salieron huyendo de la violencia política, ahora toman medidas de seguridad colectivas: han creado grupos de WhatsApp para estar en contacto e intercambiando información y alertas.
Se comparten ubicaciones en tiempo real, se envían noticias y se pasan datos de rentas de alquileres en zonas seguras. “Hasta organizamos salidas o viajes en Uber o Didi en grupos, dos a tres en una misma ruta cuando se puede, para no andar de noche solos en mandados”, dice “Santos”.
Colaboración de Voces Unidas
