La muerte de una niña de apenas 1 año y 8 meses, ocurrida en la comunidad de Pueblo Nuevo, Bocas del Toro, ha encendido las alarmas sobre el deterioro de la situación en esta provincia panameña, que se mantiene en estado de agitación social. Según denunció la organización Aldeas Infantiles SOS, la menor falleció tras la inhalación de gases lacrimógenos lanzados dentro de su vivienda durante un operativo policial, en el marco de los disturbios generados por las protestas contra la Ley 462.
El hecho ha sido calificado como una grave violación a los derechos de la niñez y ha motivado a la organización a interponer una denuncia formal, además de llevar el caso ante la comunidad internacional. “Este homicidio no puede quedar impune”, declaró Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá.
Violencia prolongada y suspensión de garantías
Mientras crece el clamor por justicia en torno a este caso, la crisis en Bocas del Toro se mantiene en niveles críticos. El gobierno panameño ha extendido el estado de urgencia hasta el 29 de junio, lo que implica la suspensión temporal de garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y de expresión. Las autoridades aseguran que la medida es necesaria para frenar la oleada de actos vandálicos que ha dejado a la provincia semi paralizada.
Entre los hechos registrados durante el martes y las primeras horas de este miércoles se cuentan ataques a infraestructuras públicas y privadas, incluidos daños en el aeropuerto de Changuinola, el estadio Calvin Byron y oficinas de la empresa Chiquita Panamá. Además, comercios locales han sido saqueados y vehículos estatales incendiados.
Se extiende cinco días más el estado de urgencia en Bocas del Toro, y se cuadruplica la suma límite en contrataciones y compras para la recuperación de la provincia
El Consejo de Gabinete extendió por cinco días más el estado de urgencia que se decretó para restablecer la paz y… pic.twitter.com/bz3OGJNKY6
— Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) June 25, 2025
En paralelo, se mantiene activa la “Operación Omega”, un operativo policial que busca restablecer el orden y desbloquear vías. Hasta el momento, las autoridades reportan más de 300 detenciones, entre ellas 90 presuntos pandilleros y 11 menores de edad. La violencia también ha dejado al menos 14 policías heridos.
Impacto social y económico
Los disturbios han generado escasez de alimentos, medicinas y combustibles en Bocas del Toro, afectando a miles de familias. La provincia, dependiente del turismo y la industria bananera, enfrenta graves pérdidas económicas. Para mitigar el impacto, el Consejo de Gabinete aprobó una ampliación de fondos de emergencia de 10 a 40 millones de dólares, destinados a la recuperación de la zona.
Sin embargo, organizaciones sociales, gremios docentes —en huelga indefinida desde abril— y líderes indígenas continúan exigiendo la derogación de la Ley 462, al considerar que pone en riesgo los derechos laborales y sociales de la población.
Denuncias por represión y censura
Mientras el gobierno acusa a grupos criminales de infiltrarse en las protestas, múltiples denuncias han surgido por presuntos abusos policiales y represión indiscriminada. Se ha reportado que detenidos han sido trasladados a otras provincias bajo condiciones degradantes y sin comunicación con sus familiares.
Además, la interrupción de servicios de telecomunicaciones, como internet y telefonía móvil, ha sido severamente criticada por el Sindicato de Periodistas de Panamá, que advierte sobre posibles violaciones al derecho a la información y a tratados internacionales.
