El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, negó que exista desprotección hacia fiscales y aseguró que el Ministerio Público (MP) ya cuenta con resguardo policial.
Jiménez respondió a las denuncias del MP y afirmó que la institución actúa bajo mandato constitucional, sin permitir interferencia política en temas de seguridad.
Jiménez subrayó que el personal fiscal ya tiene asignados agentes de la Policía Nacional Civil. Explicó que, si la Fiscalía requiere apoyo adicional, debe solicitarlo de forma formal. El Ministerio de Gobernación lo atenderá en ese caso.
El funcionario recordó que el actual gobierno también ha recibido amenazas de diversos tipos y niveles, pero mantiene el compromiso de enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
“Guatemala necesita instituciones que den resultados, no excusas”, enfatizó Jiménez en su declaración.
El #MinisterioDeGobernación rechaza cualquier intento de interferencia política en las labores de seguridad pública. En el @mingobguate actuamos conforme al mandato constitucional y les recordamos que la protección del personal del #MinisterioPúblico es una responsabilidad… pic.twitter.com/qv9XIgWeEu
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 4, 2025
Ministerio Público denuncia amenazas a su personal
El pronunciamiento del funcionario surgió después de que el Ministerio Público informara que fiscales y funcionarios han recibido múltiples amenazas desde el 21 de agosto, tras declaraciones sobre investigaciones de narcotráfico vinculadas a la Fiscalía General de Estados Unidos.
La institución denunció que estas intimidaciones responden a un patrón de hostigamiento y coacción contra su personal. Además, recordó que ha reportado ataques sistemáticos y violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores.
#ComunicadoDePrensa 📢
El Ministerio Público informa a la población guatemalteca y a la comunidad internacional:#MPfuerteYfirme 💪 pic.twitter.com/mEcjfxUqN9— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 3, 2025
El MP responsabilizó al Ejecutivo de garantizar la vida e integridad de la población, incluyendo a sus fiscales. Exigió al Ministerio de Gobernación cumplir su deber constitucional de protección.
Ambas instituciones coinciden en la importancia de combatir al crimen organizado, pero mantienen posiciones encontradas sobre la dimensión de la protección que corresponde brindar a los fiscales.
