La Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala presentó ante un juez nuevas evidencias del caso adolescentes en peligro. Según la investigación, las menores eran trasladadas a centros penitenciarios para ser explotadas sexualmente y luego reclutadas por la pandilla Barrio 18.
En la audiencia comparecieron por videoconferencia Brayan Inés Gámez Reyes y Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, a quienes el Ministerio Público vincula con una facción de esa pandilla. Los señalamientos forman parte de la acusación fiscal y deben ser resueltos por la justicia.
La investigación sitúa los traslados desde sectores de la zona 18 de la capital hacia la cárcel Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18. Para permitir el ingreso, la red habría presentado partidas de nacimiento de otras niñas y hecho pasar a las víctimas por familiares de los reclusos.
Los fiscales documentaron movimientos en cinco fechas de 2023: el 12 de marzo, el 5, 6 y 7 de abril, y el 5 de mayo. El uso de documentos ajenos dificultó establecer inicialmente la identidad de las adolescentes que habían entrado a las prisiones.
Para reconstruir los recorridos, el Ministerio Público reunió videos, fotografías, seguimientos e información extraída de teléfonos. También incorporó declaraciones de víctimas, evaluaciones médicas e informes de trabajo social. Una adolescente declaró en 2024 sobre lo ocurrido durante uno de los traslados.
La dimensión del caso va más allá de los pandilleros investigados. En mayo de 2024, el Ministerio Público informó que 42 personas habían sido ligadas a proceso penal, entre ellas 23 guardias del Sistema Penitenciario, un policía, ocho particulares, tres adolescentes y siete integrantes del Barrio 18 privados de libertad. Esa cifra corresponde al avance judicial comunicado entonces, no a nuevas capturas.
El expediente también examina el papel de quienes, desde fuera de las cárceles, presuntamente captaban y trasladaban a las víctimas. Alis María Montenegro Ibáñez, señalada por la Fiscalía como una de las operadoras de la red, fue enviada a juicio en una causa relacionada.
Desde septiembre de 2026, Guatemala exige autorización previa para las visitas de menores a centros de detención, comprobación del parentesco y acompañamiento de un adulto responsable, además de controles biométricos y cámaras. La nueva audiencia vuelve a poner el foco en cómo se permitió el ingreso de adolescentes bajo identidades ajenas y en las responsabilidades dentro del sistema penitenciario.
