Minera Panamá, en el centro de un infierno por las prolongadas protestas populares en contra del contrato que firmó con el gobierno, dijo que la “amenaza” o notificación hecha de una posible demanda o arbitraje internacional es “un trámite” de formalidad.
“El objetivo de la notificación es meramente cumplir con las formalidades legales requeridas por los tratados internacionales, con el propósito de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días”, explicó la empresa, filial de la canadiense First Quantum Minerals, en un comunicado.
“Este tipo de notificaciones no son el inicio de un arbitraje, sino que, por el contrario, intentan evitar la necesidad de arbitrar permitiendo que la situación se resuelva durante el periodo de 90 días”, añade.
Según Minera Panamá, su intención ha sido “siempre” abrir canales para solucionar conflictos y pretende mantener esa línea.
El trato millonario que firmó le dejaría al Estado $375 millones anuales.
