Un grupo de 103 migrantes asiáticos, parte de los 299 deportados por Estados Unidos a Panamá hace casi 2 semanas, ha expresado su rechazo a ser enviados de vuelta a sus países de origen.
Las autoridades panameñas han indicado que estos migrantes, que incluyen ciudadanos de Irán, Afganistán, Pakistán, China e India, se encuentran actualmente bajo la custodia de un albergue en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia, donde están siendo temporalmente alojados mientras se buscan soluciones.
El ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, explicó que aquellos que se niegan a regresar serán reubicados en otros países a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Hasta ahora, 103 personas no han aceptado viajar voluntariamente a sus países de origen”, señaló Ábrego en una rueda de prensa.
De acuerdo con el ministro, de los migrantes que llegaron a Panamá, 101 ya han sido repatriados a sus países y más deportaciones se están planificando en los próximos días.
Sin embargo, los 103 restantes se niegan a retornar y se mantienen en el albergue de San Vicente, que fue inaugurado hace poco más de dos años para albergar a los migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién en su travesía hacia Norteamérica.
A su llegada, los migrantes fueron inicialmente confinados en un hotel en la capital panameña, donde algunos exhibieron carteles por las ventanas pidiendo ayuda, con mensajes como “Por favor, ayúdennos” y “No estamos a salvo en nuestro país”.
Estos gestos reflejan el sufrimiento que muchos de ellos experimentan debido a las difíciles condiciones que enfrentan en sus países de origen.
En medio de la situación, un migrante intentó quitarse la vida, según reportes del diario estadounidense The New York Times. Además, una mujer de nacionalidad china logró escapar del centro de detención, pero fue recapturada en Costa Rica y enviada de vuelta a Panamá.
El gobierno panameño ha aclarado que, aunque los migrantes no pueden abandonar el albergue, no están siendo detenidos, sino que están bajo custodia temporal mientras se resuelve su situación migratoria. Panamá, junto con Costa Rica y Guatemala, accedió a ser un “puente” para las deportaciones que forman parte de las políticas de inmigración de la administración de Donald Trump.
Por ahora, las autoridades panameñas continúan trabajando en la reubicación de los migrantes que se niegan a ser repatriados, mientras que la OIM busca alternativas en otros países para ofrecerles un futuro fuera de la región.