De acuerdo con el comunicado oficial, Chin fue uno de los casi 40 implicados, entre médicos, farmacias, empresas y un hospital, acusados de presentar reclamos falsos o inflados por servicios médicos nunca prestados o medicamentos no entregados. Las irregularidades incluían también facturación engañosa por servicios realizados, con el objetivo de defraudar fondos destinados a veteranos estadounidenses que reciben atención fuera del país.
“El Departamento está comprometido a combatir el fraude contra Estados Unidos sin importar dónde ocurra”, expresó Yaakov Roth, asistente interino del fiscal general de la División Civil del Departamento de Justicia.
Panamanian Doctor Pleads Guilty in Criminal Fraud Case Expected to Save U.S. Government $25M
🔗: https://t.co/1yWmoj5p7A pic.twitter.com/F20YTsAdAI
— DOJ Civil Division (@DOJCivil) April 15, 2025
La denuncia penal contra los involucrados fue presentada por Estados Unidos ante el Ministerio Público de Panamá en diciembre de 2022. Desde entonces, las autoridades panameñas, en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, iniciaron un proceso investigativo que culminó en agosto de 2023 con la presentación de los primeros cargos formales. Dr. Chin es el primer acusado que se ha declarado culpable, lo que permitió alcanzar un acuerdo de restitución con el gobierno estadounidense.
Como resultado de esta acción, el VA suspendió a todos los implicados del sistema médico del programa FMP en Panamá a partir de agosto de 2024. Esta medida permitió reducir a la mitad el presupuesto destinado al programa en ese país para el año fiscal 2025, lo que representa un ahorro proyectado de casi $25 millones.
La investigación ha sido liderada por la Oficina de Litigios Internacionales del Departamento de Justicia (OFL), con apoyo del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del VA. La fiscal Christine Brennan y la subdirectora Kiesha Minyard son las responsables de conducir el caso en nombre de Estados Unidos.
Las autoridades panameñas continúan con los procesos judiciales contra los otros acusados y avanzan en la investigación de los implicados restantes. La colaboración bilateral ha sido clave para lograr estos avances en un caso que demuestra el alcance global de las acciones contra el fraude y la protección de los fondos públicos estadounidenses.
El Departamento de Justicia reafirmó que la lucha contra el fraude a los programas federales se mantiene como una prioridad, especialmente cuando afecta a poblaciones vulnerables como los veteranos de guerra.