El curso lectivo 2024 en Costa Rica ha comenzado con la preocupación sobre la persistente deuda educativa que afecta a más de medio millón de personas en el país, según revelan cifras recientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2023.
Los datos desglosados indican que un total de 500,337 personas en el rango de edades entre los 25 y 65 años enfrentan la realidad de haber dejado incompleta su educación secundaria, constituyendo así un 9,51 % de la población total del país para el año 2023.
El análisis detallado muestra que 493,230 individuos corresponden a personas con secundaria académica incompleta, mientras que 7,107 no lograron concluir la secundaria técnica, subrayando la magnitud de un problema que expertos califican como una “deuda nacional”.
Según el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, la situación evidencia una falla sistémica en el abordaje de la educación, no solo por parte de los diferentes gobiernos, sino también como responsabilidad compartida de toda la sociedad, dado que la educación es un vehículo crucial para la movilidad social.
En palabras de González: “Es una situación crítica que contribuye poco o no contribuye a las expectativas tanto personales como a la recuperación económica que el país requiere. Sigue siendo un problema país cuya atención no ha sido la más adecuada en momentos que exigen una respuesta mucho más integral”.
Este panorama se ve agravado por las repercusiones socioeconómicas, donde la falta de educación completa se traduce en mayores niveles de desempleo y vulnerabilidad a la violencia, según advierte Linda Madriz, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Madriz señala que en una sociedad cada vez más competitiva, la falta de bachillerato coloca a la población en desventaja, reduciendo sus oportunidades laborales y aumentando su susceptibilidad a la criminalidad.
En el ámbito laboral, las dificultades persisten, como lo evidencian los datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que señalan que más de 163,000 personas mayores de 15 años estaban desempleadas para el IV trimestre del 2023, de las cuales más de 40,000 no tenían secundaria completa.
Las empresas también enfrentan dificultades para encontrar personal calificado, según la Encuesta Industriales 2023 de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), lo que impacta negativamente en su competitividad.
José Salas, asesor de Talento Humano de la Cámara de Industrias, destaca la necesidad de mejorar las competencias básicas, blandas y técnicas de la fuerza laboral para garantizar una inserción exitosa en el mercado.
En respuesta a esta problemática, se han implementado diversas iniciativas como el programa “Bachillerato para la Empleabilidad y Emprendimiento”, lanzado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) junto a la UNED, con el objetivo de beneficiar a cerca de 48,000 personas que quedaron rezagadas en el bachillerato entre 1988 y 2019.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para abordar de manera integral la situación, según señalan los expertos consultados.
El rector de la UNA, Francisco González, aboga por una solución más holística que aborde las necesidades específicas de cada grupo de población rezagada, mientras que la coordinadora académica del programa “Bachillerato para la Empleabilidad y Emprendimiento”; Linda Madriz, insiste en la necesidad de una investigación rigurosa para diseñar soluciones efectivas.
La falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades también ha generado preocupación entre los sindicatos educativos, como el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), que critica la falta de acción para abordar esta problemática.
En resumen, la persistente deuda educativa en Costa Rica requiere de una respuesta integral y coordinada por parte de todas las instancias gubernamentales y académicas, con medidas que no solo busquen aumentar la escolaridad de la población rezagada, sino también mejorar la calidad y pertinencia de la educación para asegurar una verdadera inclusión y movilidad social.
