La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos enfatizó este lunes su creciente cooperación con las autoridades hondureñas para fortalecer el respeto a las libertades fundamentales. Sin embargo, también advirtió sobre la persistencia de “retos estructurales” en áreas como el sistema penitenciario, la seguridad y la justicia.
Durante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Christian Salazar, director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, expresó su preocupación por problemas como las elevadas tasas de violencia contra las mujeres y los conflictos sociales, ambientales y agrarios relacionados con la tierra en Honduras.
Salazar lamentó el asesinato del defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre en Tocoa, señalando que se ha tomado nota de las recientes detenciones de los presuntos autores del crimen.
“Instamos al Estado a realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial para sancionar a todos los responsables”, afirmó.
Angélica Lizeth Alvarez (@angelica_hn1), Secretaria de Estado por Ley en los Despachos de Derechos Humanos de #Honduras, tomó la palabra en el Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_es durante un diálogo interactivo sobre cooperación técnica en su país.#HRC57 pic.twitter.com/pjTiE2zVTJ
— United Nations Human Rights Council | 📍#HRC57 (@UN_HRC) October 7, 2024
Desde la llegada de la actual administración en enero de 2022, Honduras ha iniciado procesos estratégicos, con el apoyo de la oficina del alto comisionado Volker Türk, para abordar estos desafíos.
En el ámbito judicial, la ONU ha colaborado en la elaboración de un plan de acción para mejorar el acceso a la justicia, tras años de “falta de capacidad técnica, efectividad e independencia”.
Además, se ha trabajado en la revisión de los tipos penales, que anteriormente habían llevado a la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, indicó Salazar.
En cuanto a los conflictos territoriales, el director de la oficina de la ONU celebró la aprobación de un decreto legislativo que protege el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y otras áreas protegidas, prohibiendo actividades mineras en esas zonas.
“Su implementación representará un avance en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales”, afirmó.
Salazar también manifestó preocupación por el estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022, el cual ha sido justificado como una medida contra la delincuencia.
“La suspensión de derechos debe ser excepcional; llamamos al Estado a revocar ese estado y a implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos”, concluyó.
