La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por actos de corrupción y socavamiento de la democracia, defendió este miércoles el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, realizado el 17 de junio por el Ministerio Público (MP), bajo el argumento de hacer valer la legalidad en todas las instituciones del país.
“La virtud de entregarle la verdad a Guatemala es una misión que el Ministerio Público llevará hasta el final. El reciente allanamiento al TSE representa la firme creencia en que la legalidad debe operar en todas las instituciones”, declaró Porras, en medio de crecientes críticas nacionales e internacionales por el uso político de su cargo.
Según explicó Mario Alexander Velásquez, secretario del TSE, la diligencia judicial tuvo como propósito el secuestro de un expediente administrativo de una trabajadora de la institución. No obstante, dicho expediente ya había sido entregado de forma voluntaria a otra fiscalía con anterioridad, aseguró.
El caso se remonta a una denuncia por supuesto fraude presentada por una sindicalista del mismo Tribunal, quien posteriormente se retractó. A pesar de ello, el MP continuó con el proceso, lo que ha despertado dudas sobre la verdadera motivación detrás del allanamiento.
La virtud de entregarle la verdad a Guatemala es una misión que el @MPguatemala llevará hasta el final.
El reciente allanamiento al @TSEGuatemala representa la firme creencia en que la legalidad debe operar en todas las instituciones de país.
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) June 18, 2025
La diligencia ocurre en un contexto de tensión entre el Ministerio Público y diversas instituciones democráticas del país, especialmente el TSE, que fue blanco de presiones judiciales durante y después de las elecciones generales de 2023. Para muchos sectores, el nuevo allanamiento representa otro paso en la ofensiva del MP contra organismos independientes.
Organismos de derechos humanos y actores internacionales han expresado preocupación por la conducta de Porras, incluida en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por “obstruir investigaciones anticorrupción” y debilitar la democracia guatemalteca. Su gestión ha sido ampliamente criticada por perseguir a fiscales, jueces y funcionarios electorales.
Pese a las controversias, Porras insiste en que sus acciones están respaldadas por la ley. Mientras tanto, crecen las voces que exigen respeto a la autonomía del Tribunal Electoral y el cese de acciones judiciales que podrían socavar los principios democráticos en Guatemala.
