El programa de reunificación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conocido como “parole humanitario”, será discutido en corte desde este 24 de agosto, con lo cual se crea una incertidumbre sobre el futuro de miles de migrantes de Nicaragua y 3 países latinoamericanos.
Un juicio pendiente decidirá si el programa continúa su aplicación a partir del 24 de agosto, fecha que ha sido reagendada en varias ocasiones.
El programa enfrenta una demanda legal presentada por los gobiernos de 20 estados controlados por el partido republicano en Estados Unidos.
Los demandantes alegan que el presidente Biden excedió sus facultades al crear un programa de visados sin la aprobación del Congreso y ha desestabilizado la política de seguridad nacional.
Para este jueves 24 de agosto está pautado el comienzo del juicio en contra del parole humanitario, el cual podría significar una posible suspensión del programa tras la demanda interpuesta por 20 estados de #EEUU.
¿Qué puede pasar en los próximos días? Aquí te lo explico. pic.twitter.com/c6OnYncNWj
— John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) August 21, 2023
Biden anunció su programa el pasado 5 de enero, en medio de una crisis migratoria sin precedentes que se agolpaba en sus fronteras.
El “parole humanitario” facilitó la legalidad en la migración de hasta 30,000 personas al mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a Estados Unidos.
Bajó la migración irregular
En defensa de su medida, la administración Biden alega que la iniciativa ha logrado disminuir en un 72 por ciento el flujo irregular por la frontera sur de inmigrantes de esos países.
No obstante, la demanda del programa ha saturado la capacidad de Estados Unidos para darle solución a la crisis migratoria.
A raíz del anuncio del programa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes de migrantes interesados en acogerse a este beneficio.
Esto ha generado tiempos de espera prolongados y un considerable acumulamiento de expedientes sin atención.
La demanda legal interpuesta por los estados republicanos podría tener repercusiones significativas.
Si el programa de parole humanitario es declarado ilegal e inconstitucional, aquellos 181,000 que ya han ingresado bajo este programa podrían enfrentar incertidumbre en cuanto a su estatus y renovación.
Los ciudadanos cubanos podrían tener una oportunidad de permanencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, mientras que otros migrantes podrían explorar opciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) u otros mecanismos de protección.
