Este lunes inicia el histórico juicio contra dos exgenerales guatemaltecos señalados de ser responsables del genocidio maya-ixil entre 1978 y 1982 y que dejó al menos 1,421 víctimas.
Se trata del exjefe retirado del ejército, Manuel Benedicto Lucas García, y el ex jefe de inteligencia militar, Manuel Antonio Callejas Callejas, ambos generales acusados de crímenes de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Ambos hombres fueron condenados en 2018 por cargos de violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, y por la desaparición forzada de su hermano de 14 años, en 1981.
Los hechos sucedieron en la zona del triángulo Ixil, durante el gobierno de Romero Lucas García (1978-1982). La región ixil está conformada por los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, al norte del departamento de El Quiché, en Guatemala. Una zona de enorme población indígena que se vio duramente afectada por la guerra civil que culminó con los Acuerdos de Paz de 1996.
El Tribunal de Mayor Riesgo A conocerá el juicio contra los generales. El caso se encuentra entre varios procedimientos emblemáticos de crímenes de guerra que siguen activos en los tribunales guatemaltecos, con sobrevivientes y familias de víctimas que buscan responsabilidad por graves abusos de derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra civil de 36 años.
Según los fiscales, los funcionarios acusados son responsables de planificar y llevar a cabo la estrategia de contrainsurgencia del ejército guatemalteco en la región de Ixil, después de haber determinado que el área era “territorio enemigo”.
Los fiscales alegan que las políticas de tierra quemada dieron lugar a masacres y otros crímenes graves contra la población maya de Ixil y que el ejército diseñó las políticas para eliminar a la población civil. Las pruebas de la fiscalía incluyen testimonios de testigos, testimonios de expertos, documentos oficiales y pruebas forenses.
Los tribunales guatemaltecos han determinado dos veces que el ejército guatemalteca llevó a cabo una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt. Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidadcontra los Ixil mayas en 2013 y condenado a 80 años. En un fallo muy controvertido, el Tribunal Constitucional de Guatemala posteriormente anuló la condena. Ríos Montt murió en abril de 2018 en medio de su nuevo juicio. En una sentencia de 2018, un tribunal determinó por unanimidad que el ejército guatemalteco cometió un genocidio contra la población maya de Ixil.
Los antecedentes
Según el informe Guatemala Nunca Más de la Iglesia Católica, entre 1978 y 1982, el alto mando militar desplegó una contraofensiva militar a través de operaciones que dejaron al menos 12.400 víctimas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal ubicados en el departamento de El Quiche.
El 25 de noviembre de 2019, la Fiscalía cargó a tres miembros del Estado Mayor del Ejército de mando de responsabilidad por los crímenes de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto de estas operaciones, incluidos Lucas García, Callejas y Callejas y el jefe de operaciones militares César Octavio Noguera Argueta.
El juez Miguel Ángel Gálvez, que en ese momento presidió el Tribunal de Alto Riesgo “B”, estaba a cargo de la fase previa al juicio del caso. Las audiencias de la fase de prueba comenzaron en marzo de 2020. En agosto de 2021, después de resolver los desafíos de la defensa, el juez dictaminó que había pruebas suficientes para llevar a Lucas García y Callejas y Callejas a juicio.
Noguera Argueta murió el 20 de noviembre de 2020 y, por lo tanto, los cargos en su contra fueron desestimados.
Después de una intensa campaña de persecución, el juez Gálvez renunció el pasado 15 de noviembre de 2022 y vive en el exilio.
La fiscalía, que está formada por la Fiscalía, la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentó como pruebas a 200 testigos supervivientes, 148 informes de expertos forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 12 informes de expertos de expertos científicos y más de 70 documentos
