La decisión de la justicia costarricense de otorgar arresto domiciliario sin monitoreo electrónico a un hombre condenado por asesinato premeditado ha provocado una oleada de indignación en redes sociales, donde usuarios acusan al país de ser excesivamente flexible con los autores de crímenes violentos.
El caso involucra a un hombre identificado como Ramírez Zamora, sentenciado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por el asesinato de Otoniel Orozco Mendoza, un ciudadano nicaragüense, ocurrido el 3 de junio de ese año en un condominio de Escazú, en el oeste de San José.
El homicidio, grabado en video, conmocionó al país por la brutalidad con la que el agresor actuó, disparando en 14 ocasiones contra la víctima tras una discusión por una llave de paso de agua compartida. La saña del ataque, captada por cámaras de seguridad, alimentó la percepción pública de un crimen premeditado y sin piedad.
🚨 El nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza fue asesinado de 14 balazos por su vecino Eduardo Ramírez Zamora en Costa Rica.
➡️ El pleito habría iniciado por un problema con la llave de pase del agua potable y finalizó con el asesinato.
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— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) June 4, 2024
Rodrigo Araya, abogado de la familia de Orozco Mendoza, denunció mediante un video que el caso ha estado “rodeado de irregularidades” y cuestionó que la jueza del Tribunal de Pavas cambiara la medida cautelar “sin ningún fundamento”, permitiendo que el sentenciado cumpla su condena en casa, sin brazalete electrónico y con visitas policiales apenas una vez por semana.
Araya subrayó que el informe médico utilizado para justificar la liberación indicaba que Ramírez Zamora requería apenas seis semanas de recuperación fuera de un régimen penitenciario, no seis meses, como alegaron los defensores del condenado. “Estamos seguros de que esto es un grave error”, afirmó.
La indignación en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de distintas plataformas acusan al sistema judicial de ser complaciente con los criminales, insinuando desde supuestos sobornos hasta favoritismo xenofóbico por tratarse de un agresor costarricense y una víctima nicaragüense.
Críticos señalan además el alto riesgo de fuga, dado que Ramírez Zamora posee los recursos económicos necesarios para abandonar el país, lo que suma preocupación entre quienes residen cerca de su domicilio.
El abogado recordó que, de no haberse aprobado un procedimiento abreviado promovido por el Ministerio Público, el acusado podría haber enfrentado una condena mayor, de entre 30 y 35 años de prisión.
El caso se ha convertido en un símbolo de desconfianza hacia el sistema judicial costarricense, en momentos en que la percepción de inseguridad y desprotección de víctimas crece en sectores de la sociedad.
