La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tomó posesión este martes de 15 propiedades pertenecientes al general retirado Romeo Vásquez Velásquez, actualmente prófugo de la justicia hondureña. Los bienes, ubicados en el departamento de Olancho, serán administrados por la institución estatal bajo el marco legal vigente y destinados a programas sociales que beneficien a la población.
Marco Zelaya, director de la OABI, confirmó que, aunque no se ha determinado con precisión el valor económico de los inmuebles, estos serán “puestos en producción” y los ingresos generados “serán destinados a fines sociales”. Zelaya detalló que la medida se tomó por instrucciones de las autoridades competentes como parte del cumplimiento del mandato institucional de la oficina.
“Estamos cumpliendo con nuestra función de administrar estos bienes de acuerdo a la ley y con las instrucciones que hemos recibido”, declaró Zelaya. Asimismo, recalcó que la acción busca asegurar que los recursos derivados de los bienes incautados no queden inactivos y, en cambio, sirvan al interés público.
El director de la OABI, Marco Zelaya, brinda detalles sobre las incautaciones realizadas a los bienes del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez. #AméricaNoticias #RadioAmérica #Honduras
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Antecedentes del general
Romeo Vásquez Velásquez fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras y una figura central en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue depuesto y expulsado del país. En ese momento, Vásquez Velásquez ejecutó la orden del Tribunal Supremo Electoral de impedir una consulta popular promovida por Zelaya, lo que desencadenó una crisis institucional de gran envergadura que derivó en el aislamiento internacional del país.
Tras su retiro del servicio activo, Vásquez incursionó en la política como candidato presidencial del partido Alianza Patriótica Hondureña, aunque sin mayor éxito electoral. Con el paso del tiempo, su nombre ha sido vinculado a varios procesos judiciales relacionados con actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y, más recientemente, lavado de dinero.
Uno de los señalamientos más graves que enfrenta el general en retiro está relacionado con la muerte de un activista en el contexto de la crisis política de 2009, por lo cual se le ha emitido una orden de captura nacional e internacional. Actualmente, se encuentra prófugo y no ha comparecido ante los tribunales, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar procesos de aseguramiento de sus bienes.
