Honduras enfrenta un nuevo escandalo por la desaparición de más de 17 millones de lempiras (casi $650 mil) que estaban destinados a la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), fondos que debían utilizarse en 2022 para operaciones contra la extorsión.
La denuncia fue presentada por el abogado y analista Ramón Custodio, quien calificó el hecho como una posible acción deliberada del actual gobierno y no como un simple error administrativo.
El dinero, que fue depositado en una cuenta del Banco de Occidente a nombre del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, fue retirado por la Secretaría de Finanzas sin brindar explicación alguna, según documentos revelados en una investigación de El Heraldo.
Además de los 17 millones de lempiras para la FNAMP, también fueron retirados fondos asignados a otras dos fuerzas, la de Control de Centros Penitenciarios y la de Seguridad de Transporte Urbano.
De acuerdo a la investigación, durante la transición institucional en 2022, cuando la FNAMP pasó al mando policial bajo el nombre Dipampco, el dinero seguía pendiente de pago a empleados, proveedores y arrendadores.
La falta de fondos generó una crisis operativa, forzando a muchos oficiales a endeudarse para mantener la operatividad de la fuerza, con la promesa, no cumplida, de que serían reembolsados por el Estado.
¿A quién le corresponde dar una explicación?
Las críticas también alcanzaron a exfuncionarios de alto nivel. Custodio cuestionó directamente a Rixi Moncada, exministra de Finanzas y a Manuel Zelaya, entonces ministro de Defensa e hijo del diputado Carlos Zelaya. “¿Por qué no ejecutaron los pagos si el dinero ya estaba en caja?”, preguntó, señalando también el silencio del Ministerio Público pese a la evidencia documental del retiro de fondos.
Mientras tanto, el coronel Amílcar Hernández, exdirector de la FNAMP, aseguró que, al momento de dejar su cargo en febrero de 2022, todo habría quedado en orden.
Hernández mostró el oficio en el que solicitó la transferencia de recursos y responsabilizó a las nuevas autoridades por no ejecutar los pagos y permitir la desaparición del dinero.
Las investigaciones señalan que, tras la disolución de los gabinetes sectoriales mediante decreto, una Comisión Técnica Liquidadora paralizó los trámites de pago por órdenes de Moncada.
La justificación habría sido que las fuerzas especiales eran estructuras heredadas del gobierno anterior, lo que evidencia una posible motivación política detrás del bloqueo de fondos.
Hoy, el monto de la deuda supera los 33 millones de lempiras (más de 1.2 millones de dólares) debido a los intereses acumulados, penalidades y pagos pendientes.
