Las dudas sobre el manejo de fondos destinados a migrantes retornados vuelven a poner presión sobre las autoridades hondureñas. Una revisión de documentos oficiales encontró inconsistencias entre la cantidad de beneficiarios registrados y los recursos desembolsados por el programa gubernamental “Hermano, hermana, vuelve a casa”, lo que ha provocado llamados a realizar una auditoría forense independiente.
Según los registros analizados, el programa reportó pagos para 40,120 migrantes retornados por un total de 104.3 millones de lempiras (US$4 millones). Sin embargo, el listado detallado de beneficiarios incluye a 40,701 personas, una diferencia de 581 casos que eleva el monto esperado a 105.8 millones de lempiras (US$4.1 millones).
La brecha detectada equivale a aproximadamente 1.5 millones de lempiras (US$57,700) que no aparecen reflejados entre los desembolsos reportados y los registros individuales de migrantes que habrían recibido el estipendio gubernamental.
Las inconsistencias fueron identificadas en los centros de atención al migrante retornado de La Lima, Belén y Omoa, principales puntos de recepción de hondureños deportados. El programa otorgaba un apoyo de 2,600 lempiras (US$100) por persona para facilitar su reintegración al país.
El hallazgo surge en medio de denuncias de la Comisión Técnica Liquidadora, cuyos integrantes afirman que parte de los recursos habrían sido retirados en efectivo mediante cheques cobrados por personas vinculadas a instituciones responsables de ejecutar el programa.
Organizaciones que trabajan con población migrante consideran que la situación requiere una investigación exhaustiva. Representantes de la sociedad civil sostienen que muchos retornados sí recibieron apoyo, mientras otros quedaron fuera de los beneficios, por lo que reclaman una rendición de cuentas clara sobre el destino de los recursos públicos.
El caso cobra mayor relevancia en un contexto de creciente retorno migratorio. Solo entre enero y mayo de 2026 regresaron a Honduras alrededor de 19,500 personas, una cifra que ya supera los registros de todo 2025. Expertos en transparencia advierten que, ante el aumento de deportaciones desde Estados Unidos, garantizar el uso correcto de los fondos destinados a migrantes será clave para mantener la confianza en los programas de reintegración.
