El Ministerio de Gobernación confirmó que el relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), Alfredo Sánchez Chinchilla, visitó al pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, en medio de denuncias por violaciones a derechos humanos en su lugar de reclusión. El encuentro se realizó este 1 de octubre en un centro de máxima seguridad en Escuintla.
De acuerdo con la información oficial, la visita tuvo como objetivo entrevistar al líder del Barrio 18 y acompañarlo en la presentación de una denuncia por las condiciones en las que cumple su condena.
La defensa de Ochoa busca que sea trasladado a una prisión de menor seguridad, como Fraijanes II, donde estuvo recluido anteriormente. La jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt había autorizado en septiembre un ingreso al penal de Escuintla para constatar la situación del interno.
El informe de esa visita señaló que “El Lobo” dormía sin colchón, en una plancha de concreto, y presentaba llagas y abscesos en el cuerpo. También se registró la falta de atención médica, aspecto que, según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), justificaría un traslado.
El documento remitido en esa ocasión no recomendaba expresamente el cambio de cárcel, aunque sí recogía hallazgos sobre las malas condiciones de reclusión. Más tarde, se supo que el informe había sido firmado por Bryan Javier Morales Aguilar, subdelegado de la Región Sur de la OPT y excandidato a alcalde por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Los alcances del poder
El vínculo político generó cuestionamientos, ya que Sandra Torres, secretaria general de la UNE, es tía de María Marta Castañeda Torres, esposa de Ochoa Mejía. Castañeda enfrenta señalamientos por su presunta participación en un ataque armado contra la fiscal Miriam Reguero, en el que murieron la madre y el guardaespaldas de la funcionaria.
“El Lobo” acumula múltiples condenas, entre ellas una de 191 años de prisión por el asesinato de 11 conductores de autobuses, en un caso en el que el Ministerio Público había solicitado penas que superaban los 1,600 años.
El proceso sobre sus condiciones de reclusión abre un nuevo debate en Guatemala sobre la seguridad penitenciaria y los derechos humanos de líderes criminales de alto perfil.
