Guatemala registra más de 2,000 partos en niñas menores de 14 años cada año, según informe

Desde 2018, solo el 1 % de los embarazos en niñas ha sido judicializado, y la mayoría de agresores no recibe condena pese a la gravedad de los casos.

En Guatemala, un promedio anual de 2,000 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres producto de la violencia sexual, y el 99%  de estos casos queda en la impunidad, así lo reveló el informe “Niñas, teniendo niños” presentado este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Durante la presentación del estudio, la doctora Mirna Montenegro, responsable de la investigación, señaló que las niñas viven bajo un “abandono estatal” y que, además, son obligadas a continuar con embarazos producto de violaciones.

“El sistema judicial y de salud no les ofrece alternativas; al quedar embarazadas, se les obliga a ser madres, truncando su proyecto de vida”, declaró Montenegro.

Entre 2022 y 2024, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 5,937 partos en niñas de entre 10 y 14 años, sin embargo, desde 2018, solo el uno por ciento de estos casos ha sido judicializado, lo que equivale a alrededor de 100 procesos que, en su mayoría, ni siquiera concluyen con condenas a los agresores.

El informe también denuncia la insuficiencia del programa gubernamental “Vida”, destinado a asistir a niñas víctimas de violencia sexual. En 2024, el programa solo atendió a 129 menores, pese a que 1,953 niñas resultaron embarazadas por violencia sexual.

La ODHAG también reveló que, durante el año pasado, se registraron 3,064 denuncias de violencia sexual contra menores de 19 años. La mayoría de las víctimas tiene entre 10 y 13 años.

Las regiones más afectadas por esta problemática son los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché, en el norte del país, así como la Ciudad de Guatemala.

Los datos más recientes del Ministerio de Salud, actualizados hasta febrero de 2024, muestran que al menos 1,041 niñas menores de 14 años dieron a luz este año, además, otras 1,005 niñas mestizas también fueron obligadas a convertirse en madres producto de agresiones sexuales.

Montenegro enfatizó la necesidad urgente de implementar políticas públicas integrales que incluyan programas preventivos y el fortalecimiento de la justicia para reducir los altos niveles de impunidad.

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